44 años después del fin de la dictadura, Franco será será exhumado de la basílica del Valle de los Caídos y, posteriormente, sus restos serán trasladados al cementerio de El Pardo Mingorrubio en un operativo que contará con dos coches fúnebres y dos helicópteros.

Los detalles del dispositivo

Durante este proceso, han explicado fuentes del Gobierno, estarán presentes 22 familiares del dictador, entre los que se encuentran nietos, cónyuges y biznietos. En cuanto a autoridades, en la operación participarán la Delegación de Gobierno, Guardia Civil, Policía nacional, Patrimonio Nacional y del Estado, la funeraria contratada, el grupo 45 del Ejército del Aire y la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

El dispositivo, que tendrá un coste como máximo de 63.061,40 euros, comenzará en el interior de la basílica. Para evitar que se filtren imágenes, se prohibirá el uso de móviles y los allí presentes tendrán que someterse a un control por escáner. Además, se utilizará una carpa con techo para rodear la tumba, en la que solo podrán estar dos familiares, la titular de Justicia y los operarios.

Una vez se saque el féretro, será trasladado hasta el coche fúnebre por los varones de la familia, tres nietos y ocho biznietos, como así ha explicado Francis Franco. A continuación, será trasladado al cementerio de El Pardo Mingorrubio en helicóptero porque las autoridades consideran que esta forma es más segura.

Y otro de los datos que llama la atención es el estado en el que se pueden encontrar los restos del dictador. Y es que, a pesar de que en la zona puede haber filtraciones de agua, Franco fue enterrado en una tumba cubierta de hormigón y recubierta de plomo y el ataúd tenía una capa de zinc. Solo en caso de que estos materiales estén deteriorados, los operarios sacarán los restos para analizar su estado.

Ya en el de El Pardo Mingorrubio, solo accederán los 22 familiares y se celebrará una misa oficiada por Ramón Tejero. En este caso, el Gobierno no se ha pronunciado sobre los homenajes se puedan llevar a cabo, aunque sí ha dejado claro que en la exhumación del Valle de los Caídos no habrá ni honores ni banderas.

Llega después de una batalla legal de 15 meses

La salida de los restos se producirá 15 meses después de una batalla legal que comenzó el 17 de julio de 2018 tras la moción de cesura a Mariano Rajoy. En la presentación de su programa de Gobierno, Pedro Sánchez anunció su compromiso de exhumar al dictador. Una medida que se vio materializada un mes después, el 24 de agosto, con un real decreto para dar cobertura legal a la exhumación.

El 29 de septiembre de ese mismo año y después de que la salida del dictador se aprobara en el Congreso, la familia Franco expresó su deseo de enterrarlo en la cripta de la Catedral de la Almudena de Madrid en una tumba familiar. Un lugar que el Ejecutivo siempre desestimó para evitar que se convirtiera en un lugar de peregrinación. Ya desde este momento, comenzó a sonar el cementerio de El Pardo, donde está enterrada Carmen Polo.

Durante este proceso, concretamente entre octubre de 2018 y enero de 2019, también se pronunciaron las autoridades eclesiásticas. Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, garantizó que no se opondría a la exhumación. De hecho, el Vaticano prefirió no pronunciarse sobre al asunto al considerar que "concierne a su familia, al Gobierno español y a la Iglesia local".

El 7 de marzo de 2019, después de que el Gobierno aprobara la orden de exhumación, la familia anunció que recurriría ante la Justicia para pedir su suspensión cautelar junto a los monjes de la Abadía del Valle, considerando que la operación no cuenta con la "autorización eclesiástica".

Una vez fijado el 10 de junio como fecha para salida de los restos del dictador, el Supremo suspendió la exhumación hasta que se dictara una sentencia. Y, finalmente, la decisión llegó el 24 de septiembre, cuando el alto tribunal avaló por unanimidad el plan del Gobierno para inhumar a Franco en El Pardo.

El último escollo para llevar a cabo la decisión del Gobierno era el juez José Yusty Bastarreche, que paralizó la exhumación por carecer la operación de licencia urbanística y por suponer un riesgo para la vida de los técnicos el mover la lápida. Sin embargo, el pasado 17 de octubre el magistrado archivó este proceso judicial después de que el Tribunal Supremo determinara que no hace falta licencia al tratarse de una obra menor.