Lareforma de la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley mordaza', no va a salir adelante esta legislatura pese a ser uno de los compromisos del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y tras una legislatura de negociaciones infructuosas.

Con 19 votos en contra, frente a 18 a favor, el dictamen de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para reformarla norma ha sido rechazado, después de que ERC y EH Bildu manifestaran que eran "insuficientes" y "light" los cambios que han pactado PSOE, Unidas Podemos y el PNV. De hecho, insisten ERC y Bildu que esta propuesta "queda lejos del compromiso de derogación que asumimos hace ocho años".

Tras su paso por la ponencia, donde el texto salió adelante gracias a una decisión de última hora de ERC, la reforma se vota este martes en la Comisión de Interior pero no saldrá adelante por la oposición del PP, Vox, Ciudadanos y los demás grupos.

"Aprobar esto sería dar carta blanca a las sanciones", ha justificado la portavoz de la izquierda abertzale, Mertxe Aizpurua, que ha sostenido que no serán "cómplices" de esta reforma. A la entrada a la comisión, la diputada de ERC María Carvalho Dantas ha defendido que las modificaciones convierten la ley de seguridad ciudadana en una "ley de las fuerzas de seguridad".

"Tenemos una manía: cumplir con la palabra dada. Y ya dijimos que no apoyaríamos nada que no fuese acabar con las pelotas de goma y las devoluciones en caliente. Es algo ilegal e inmoral", ha insistido el portavoz republicano, Gabriel Rufián.

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha solicitado en una entrevista en TVE que se posponga la comisión de Interior hasta que haya posibilidades de un acuerdo, y ha aprovechado para criticar la "cerrazón" del PSOE en este asunto, responsabilizándole del choque con los aliados, al forzar la reunión del órgano parlamentario.

Los puntos que ERC y Bildu no aceptan se refieren a la prohibición del uso de pelotas de goma por la Policía, que Interior no quiere avalar; el fin de las devoluciones en caliente', que el Gobierno prefiere acometer en una futura reforma de la Ley de Extranjería; y algunos aspectos de la desobediencia ante la autoridad, muy contestados por lo sindicatos policiales.