La Fiscalía mantiene abiertas 109 investigaciones penales por la situación que se ha vivido en las residencias de mayores, donde han fallecido más de 9.000 ancianos por coronavirus.

Pero no sólo en residencias, también se investigan un hospital y un centro de discapacitados. Los expedientes de seguimiento por la vía civil superan los 160.

Los casos afectan a todo el país, con un total de 12 juzgados trabajando sobre las denuncias. Madrid es la comunidad que más casos abiertos registra: 42, en Cataluña hay 24, 10 en Castilla-La Mancha, otras 10 en Castilla y León, Galicia tiene 11, Extremadura 4, Aragón 3 y Canarias 2. Otras comunidades tienen abiertas una sola investigación, como el caso de Baleares, La Rioja, y Cantabria.

Por el contrario, hay otras comunidades como Murcia y Navarra donde no se han abierto investigaciones penales, y en otras como Andalucía, Asturias, País Vasco y la Comunidad Valenciana las que existían se han archivado o sobreseído.

A estas investigaciones penales se suman más de 160 diligencias por la vía civil cursadas por el ministerio público. Tienen como objetivo vigilar la evolución de estos centros y de sus mayores en el marco de la protección de sus derechos como colectivo en situación de vulnerabilidad.

Más residencias implicadas que investigaciones

No obstante, ese número no corresponde con el total de residencias investigadas, ya que en algunos casos una misma investigación aglutina varias residencias o simplemente se realiza un seguimiento de muchas.

Cataluña concentra 78 investigaciones civiles, si bien el resto están muy repartidas por todo el territorio nacional. Le siguen Andalucía y Comunidad Valenciana con 14 cada una, mientras que Asturias y Baleares son las únicas regiones en las que no existen procedimientos abiertos.

Llama la atención el caso de la Comunidad de Madrid, que lidera las investigaciones penales pero que en el caso de las civiles tan solo tiene cuatro procedimientos abiertos por Fiscalía.

La Comunidad de Madrid tomó el control de las más críticas

Ante la grave situación acontecida en los centros madrileños, la Consejería de Políticas Sociales ideó un plan de choque para intervenir diferentes residencias privadas, algunas de ellas con plazas concertadas, donde la situación era muy "crítica".

Por ello, decidió designar a personal funcionario encargado de dirigir los centros donde la situación estaba más desbordada y también reforzó la plantilla. La medida afectó a un total de ocho centros.