La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido rebajar la acusación a la cúpula de los Mossos d'Esquadra por su actuación durante el 'procés' de un delito de rebelión, por el que le pedía 11 años de cárcel, a 10 años por sedición y de inhabilitación absoluta y ha ofrecido también como alternativa al tribunal poder condenarle por desobediencia, que no conlleva cárcel.
De este modo, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha reducido su petición de pena para tres acusados: el exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, el exdirector de los Mossos Pere Soler y el ex secretario general de Interior César Puig -segundo del exconseller Joaquim Forn, condenado a 10 años y medio por sedición-.
Además de la decisión de retirar la acusación por el delito de rebelión en consonancia con la sentencia del 'procés', también propone como con carácter alternativo 10 meses de multa a una cuota de 200 euros diarios por desobediencia e inhabilitación especial para cargo público.
En cuanto a la intendente de los Mossos Teresa Laplana sí ha mantenido su petición de 4 años por sedición o 5 meses de multa e inhabilitación por desobediencia.
Las defensas solicitan la absolución
Las defensas de Trapero y Laplana ya han solicitado la absolución, mientras que las de Puig y Soler lo harán el día 15 de junio, fecha en las que todas las defensas tenían previsto elevar sus conclusiones.
En la primera sesión del juicio a la cúpula por su papel el 1-O, la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció que mantendría hasta el final del juicio la acusación por el delito de rebelión. El Ministerio Público explicó que era "consciente de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y en el momento oportuno se considerará la conveniencia de cambiar la tipificación, pero este no es el momento procesal oportuno. No es legalmente precedente", con lo que dejaba abierta la puerta a la la posibilidad de modificar la acusación al final del juicio con todas las pruebas practicadas, como finalmente ha sucedido.
El fiscal sigue así el criterio establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia por el 'procés' independentista en Cataluña, que condenó a nueve de los 12 acusados por este delito después de que el Supremo descartara condenar por ese delito a los impulsores políticos, en contra del criterio de la Fiscalía.
El juicio contra la cúpula de los Mossos durante el proceso independentista catalán quedó únicamente pendiente de informes y conclusiones finales cuando se decretó el estado de alarma. Así, la Sección Primera de la Sala de lo Penal ha previsto únicamente cuatro sesiones, la de este lunes y las que se celebrarán los días 15, 16 y 17 de junio.
El tribunal y fiscales de la causa han acudido presencialmente a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Génova de Madrid, donde se ha podido ver que la sala de vistas ha sido ya preparada para la etapa post-coronavirus, con medidas de seguridad como mamparas en las mesas de las partes. Además, tanto magistrados como fiscales iban ataviados con mascarillas y se han colocado de manera que pudieran mantener distancia de seguridad.
Por su parte, los acusados y sus letrados han seguido la lectura de las conclusiones definitivas por videoconferencia desde un órgano judicial en Barcelona, donde todos los presentes también han mantenido una mínima distancia de seguridad y han llevado puesta la mascarilla en todo momento.