La Fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por adjudicar presuntamente a dedo a un amigo 18 contratos menores entre marzo de 2013 y febrero de 2017, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En su escrito, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Fiscalía acusa a Borràs, presidenta de JxCat, de los delitos continuados de prevaricación y falsedad documental, pero en cambio descarta el fraude y la malversación continuada por los que sí que la procesó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) hace dos semanas, porque las fiscales no ven acreditado que la ILC pagara de más por estos encargos.

Las fiscales también acusan al amigo de Borràs Isaías H., que supuestamente se favoreció de los contratos, y a Andreu P., que presuntamente lo ayudó a preparar los presupuestos y facturas que presentaba a la ILC, mientras que queda fuera de la acusación el técnico de la ILC Roger E., que estuvo investigado por presuntamente facilitar los trámites. La inhabilitación de 21 años que la Fiscalía reclama para Borràs se desglosa en 15 años por el delito de prevaricación y otros 6 años por el delito de falsedad documental, que también lleva aparejado la pena de prisión y la multa.

Como directora, Borràs era la responsable de las contrataciones y la Fiscalía cree que ella e Isaías H. se pusieron de acuerdo para adjudicarle varios encargos relacionados con la web de la institución, "fraccionando indebidamente en diferentes contratos" estos trabajos que hacía de manera recurrente y por los que en total cobró 277.438,17 euros y, contando el IVA, un total de 335.700,29 euros. Para dar "una apariencia fingida de respeto por los principios de publicidad y pública concurrencia", la Fiscalía afirma que pactaron que para cada contrato aportarían tres presupuestos a nombre de diferentes proveedores.

Dos de estos tres presupuestos no eran ofertas reales sino que presuntamente los hacían Isaías H., Andreu P. y Borràs para simular que se adjudicaban al mejor licitador, pero en realidad el adjudicatario de todos era Isaías H. Las fiscales señalan que entre marzo de 2013 y febrero de 2017 Borràs, "con abuso de sus funciones como directora de la ILC", propuso, aprobó y adjudicó 18 contratos menores sin justificar que fueran la mejor oferta porque sabía que detrás de todos los presupuestos estaba Isaías. Por ello, la Fiscalía pide condenar por los mismos delitos a Isaías H. y a Andreu P. -prevaricación y falsedad documental- y para el primero también 6 años de cárcel, 21 de inhabilitación y una multa de 72.000 euros. Para Andreu P., reclama una pena de tres años de prisión, 10 de inhabilitación para cargos públicos y una multa de 30.000 euros.

Borràs rechaza dimitir

El escrito de acusación presentado este jueves responde al segundo procesamiento que el TSJC ha dictado contra Borràs en esta causa: el instructor ya la había procesado en marzo pero su defensa recurrió la decisión alegando que se había vulnerado su derecho de defensa. El tribunal estimó el recurso, retomó la instrucción y, tras haber hecho nuevos interrogatorios, la dio por terminada otra vez e instó a la Fiscalía a presentar su escrito de acusación, lo que ha hecho este jueves, a la espera de los escritos de las defensas. Tras conocer la postura de la Fiscalía, Borràs ha denunciado que sigue siendo "objeto de persecución" y ha comunicado que no dimitirá de su cargo.

"Han asociado mi nombre con delitos graves, como malversación, fraude... Después de cuatro años de soportar la etiqueta de ladrona y corrupta, la Fiscalía dice que no que no hay indicios para mantener los delito de fraude y malversación", ha criticado la dirigente catalana, que considera que "el mal ya está hecho" y que ha sido "condenada sin hacer un juicio". En este sentido, ha añadido: "Reafirmo mi inocencia. Me indigno porque yo no soy culpable de esto. Hice mi trabajo, bien hecho, al servicio de la literatura, no al servicio de otro propósito". Borrás ha reiterado que las acusaciones son "infundadas" y que es "inocente".

Por ello, ha insistido: "No he cometido ningún delito y pienso luchar para seguir demostrando mi inocencia. Mi inocencia hace que no quiera apartarme de la vida política. No dimitiré de mi cargo aunque muchos lo digan. Las acusaciones contra mí van perdiendo fuerza". La investigación del caso empezó a raíz de una conversación telefónica intervenida a Isaías H., que estaba siendo investigado en otra causa por presunta falsificación de billetes y de tráfico de drogas. A su vez, esta primera causa se destapó gracias a un error de un funcionario de Correos: Isaías H. usaba un apartado de Correos para recibir el dinero falso, y por error el cartero lo dejo en el buzón contiguo, lo que despertó las sospechas de la dueña de dicho buzón.