La Fiscalía del Tribunal Supremo notificó al rey emérito Juan Carlos I en junio, en noviembre y en diciembre de 2020 la apertura de diligencias relativas a su fortuna. Las dos primeras ocasiones se produjeron antes de que regularizase casi 700.000 euros en diciembre mediante un declaración voluntaria por lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018. Mientras que la tercera fue antes de que regularizase 4,4 millones de euros en febrero de 2021.

Esta información, que adelanta 'El País', podría invalidar las dos regularizaciones fiscales que ha hecho el emérito. Según el mismo medio, tres avisos llegaron a la defensa del que fuera monarca hasta 2014 y en ellas se le invitaba a personarse.

Ya en la primera regularización se conoció que la Fiscalía del Tribunal Supremo había notificado formalmente en noviembre a la defensa del Rey emérito Juan Carlos I, que ejerce el despacho de Javier Sánchez Junco, la existencia de diligencias de investigación sobre posibles delitos derivados del uso por el ex monarca de tarjetas bancarias con fondos opacos.

El dinero, según los investigadores, podría tener su origen en donaciones realizadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Tras esa primera regularización, se produjo una segunda por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie, y por medio de la que Juan Carlos I abonó más de cuatro millones a la Agencia Tributaria.

Esa segunda declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria era relativa al pago de ocho millones de euros por la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, con los que se abonaron gastos del rey emérito, especialmente viajes en aviones privados, según ambos diarios.

Los pagos se habrían realizado hasta el 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado. El rey aparecería como beneficiario de esta fundación. Casa Real explicó que Juan Carlos I desconocía esta información y añadido que, si efectivamente era así, renunciaba a ella.

¿Qué implicaciones podría tener esto?

La importancia de estas notificaciones previas a las dos regularizaciones deriva de lo señalado en el artículo 305.4 del Código Penal, que dice expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, "antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".

Dado que aún no se ha presentado querella contra el emérito, quien permanece en Emiratos Arabes Unidos desde hace más de un año, el foco se debe poner en la última parte del artículo del Código Penal dado que señala expresamente las "actuaciones" que permitan tener conocimiento formal de las diligencias.

Es decir, las regularizaciones que hizo tendrían que ser de manera espontánea y por lo tanto no tener conocimiento formal de porqué se le investigan, algo que sí ocurrió. Sin embargo, la defensa del emérito asegura al citado diario, que eran notificaciones muy genéricas en las que no se detallaban los presuntos delitos. Hecho que es lo normal en las investigaciones de delitos económicos.

Ese es el aspecto que deberá valorar la Fiscalía para dar por buena o no la regularización a efectos de anular el presunto delito fiscal.