Descontento de la Fiscalía Europea con la decisión de Dolores Delgado. El organismo considera que la decisión de la Fiscalía General del Estado de España de conservar la investigación sobre el caso del contrato de las mascarillas que afecta al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no se ajusta al derecho de la Unión Europea y constituye "un desafío a la supremacía" del mismo.

En un comunicado, la Fiscalía Europea (EPPO) dice que "ha tomado nota" de la decisión del 28 de marzo de 2022 de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, de dividir la competencia sobre los mismos hechos entre la Fiscalía Anticorrupción y la EPPO, pero considera que "esta decisión no se ajusta al derecho de la UE y continuará su investigación". Renunciar, además, como sugirió la Fiscalía Europea, a que fuese el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas quien ejerciese su "mandato exclusivo" de velar por la correcta interpretación del Derecho de la UE "constituye un desafío a la supremacía del Derecho de la UE", subraya el comunicado.

Además, expresa su "preocupación" por el procedimiento que ha llevado a decidir la división de competencias puesto que esta ha sido tomada por la Fiscal General del Estado, "que es el superior jerárquico del cuerpo nacional y, por tanto, parcial en el procedimiento en curso". Y advierte de que la decisión se ha tomado sin escuchar a las dos partes en el conflicto de competencias durante la reunión de Fiscales de Sala y la ley española que regula este procedimiento, que concierne a la interpretación y aplicación del derecho de la Unión, "no prevé ningún remedio".

La fiscal general del Estado decidió el lunes que la Fiscalía Anticorrupción española, capitaneada por Alejandro Luzón, siga investigando el contrato de mascarillas por el que cobró el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en lugar de remitir todas las pesquisas a la Fiscalía Europea, que las reclamaba. Con sede en Luxemburgo, la Fiscalía Europea considera que tiene una "competencia preferente" para investigar "todos los delitos relacionados" con un posible fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y reclamaba el caso para evitar "duplicidades".

La Junta de Fiscales de Sala respaldó por unanimidad las tesis al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, contrario a ceder la investigación a la Fiscalía Europea. Así, la fiscal general decidía que la causa se partiera en dos.

La Fiscalía Europea se encargaría de investigar la posible malversación de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) y el fraude de subvenciones y Anticorrupción mantendría la investigación por posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.

Anticorrupción abrió el 22 de febrero diligencias para dilucidar si había indicios de delito en el contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia en China que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con el hermano de Díaz Ayuso y por el que este cobró 55.850 euros. Este es el primer conflicto de competencias que surge entre la Fiscalía española y la europea desde que esta empezó a funcionar en junio de 2021