La Fiscalía Provincial de Madrid considera que el acto de clausura del hospital de campaña de Ifema no constituyó un delito contra la salud pública, sino una infracción administrativa que en todo caso debe resolver la Delegación de Gobierno.

La Fiscalía archivó la investigación en julio, solo dos días después de abrirla a raíz de la recepción del atestado policial sobre los hechos ocurridos el 1 de mayo durante el acto de cierre del hospital, que la Comunidad de Madrid habilitó para atender pacientes con coronavirus en el pico de la pandemia.

Según la Policía, en ese acto se produjeron "aglomeraciones de personas entre las que se encontraban políticos, personal sanitario y periodistas, incumpliendo lo relativo a la limitación de libertad de la circulación de las personas, así como infringiendo las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarios, entre ellas, el distanciamiento social entre personas".

La Fiscalía concluyó que los hechos no constituyen infracción penal, pues no encajan en los posibles delitos contra la salud pública contemplados en el Código Penal, sino que, "más bien, constituyen una infracción de carácter administrativo que deberá solventarse en su caso por la Delegación de Gobierno".

"El no guardar la distancia debida en reuniones o actos públicos autorizados o promovidos por autoridades no tienen relevancia jurídico penal pues los posibles delitos como salud pública en los que se pudiera incurrir adolecen de los elementos tipificadores de aquellos siendo más bien infracciones de carácter administrativo ajenas a la infracción penal", zanjó la Fiscalía.

Por ello, procedió a remitir el atestado a la Delegación de Gobierno para esa posible sanción administrativa y archivó las diligencias.