Genocidio en Gaza
El fiscal general autoriza abrir una investigación sobre los crímenes de Israel en la Franja de Gaza
Los detalles Álvaro García Ortiz apunta a genocidio y otros delitos de lesa humanidad, al tiempo que ordena crear un equipo conjunto integrado por la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y por el jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, abre una investigación sobre los crímenes de Israel en la Franja de Gaza para determinar si se están produciendo "graves violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos".
En un decreto al que ha tenido acceso laSexta, el fiscal asegura que "los hechos que se describen serían graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 (genocidio) y siguientes del Código Penal", referidos a los delitos de lesa humanidad.
La investigación se inicia a partir de la actuación de la fiscal de Sala coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, que el 5 de junio incoó expediente gubernativo como consecuencia de la recepción de un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional relativo a "las acciones del ejército israelí contra la población civil en la Franja de Gaza que podrían ser contrarias al Derecho Internacional", investigación desarrollada en el marco de la 'Operación ELIAT'.
Delgado, según este decreto, "procedió a analizar la información contenida en el informe elaborado por la unidad operativa, relativo --entre otros aspectos-- al testimonio de testigos protegidos, y en el que también se aportan importantes elementos probatorios sobre las acciones y circunstancias en el terreno".
García Ortiz recoge en su escrito el informe publicado por una comisión de Naciones Unidas que califica de genocidio lo ocurrido en Gaza, urge a Israel a frenarlo y exhorta a los miembros de la ONU a ayudar a impedirlo por los medios que les sea posible, entre ellos "cooperar con la investigación de la Fiscalía del TPI".
El objetivo: recabar y preservar pruebas y ponerlas a disposición del órgano competente
Sobre el hecho de que se abra una investigación en España, García Ortiz recurre al artículo 23.4 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que "otorga jurisdicción a los tribunales españoles para conocer de hechos cometidos fuera del territorio español que pudieran ser constitutivos de delito de genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas".
"El Decreto recuerda la existencia de dos procedimientos seguidos ante tribunales internaciones, uno en la Corte Internacional de Justicia y otro en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con los que nuestro país tiene obligación de cooperar, de acuerdo con las leyes y los Tratados suscritos por España", trasladan desde el Ministerio Fiscal.
Las diligencias de investigación tendrán por objeto recabar y preservar fuentes de prueba para ponerlas a disposición del órgano competente, dando cumplimiento con ello a las obligaciones asumidas por España en materia de cooperación internacional y derechos humanos.
En el escrito se sostiene que, "a la vista de la situación actual en los territorios de Palestina, cualquier prueba, directa o indirecta, que sea posible recabar en nuestro país ha de ser incorporada a un marco procesal que permita su utilización posterior".
"Y ello en un doble sentido: como elemento catalizador de la cooperación internacional y de preservación del acervo probatorio que sea posible recopilar para que en un futuro puedan ser utilizadas adecuadamente como pruebas de cargo de los delitos cometidos", añaden.