Fuentes del entorno de Carlos Yáñez han informado que el fiscal ya ha presentado oficialmente su renuncia a su superior, Alejandro Luzón, y que será ahora el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien la acepte o no.

Según las fuentes consultadas, Maza podría no aceptar la renuncia aduciendo razones de la carga de trabajo que conlleva el 'caso Lezo', que está dividido en cinco piezas diferentes y en el que hay casi 70 investigados. De este modo, si el fiscal general del Estado pide a Yáñez que continúe, éste se muestra dispuesto a aceptarlo y seguir al frente de la investigación de Anticorrupción en esta causa.

El 'caso Lezo' estalló el pasado mes de abril, cuando al frente de la Fiscalía Anticorrupción estaba Manuel Moix. Desde el principio, la diferencia de criterio entre el jefe y los fiscales encargados de la causa, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá, fue patente, llegando Moix a vetar registros vinculados a operaciones de Inasssa en la época en que Alberto Ruiz-Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid.

Estas decisiones del ex fiscal jefe fueron examinadas por el Consejo Fiscal, que dio la razón a Yáñez y García Cerdá. Poco después, Moix dimitió como consecuencia del escándalo en el que se conoció que era propietario junto a sus hermanos del 25% de una empresa 'off shore' en Panamá.

Desde entonces, se han ido sucediendo en la Audiencia Nacional los interrogatorios de investigados en la trama de corrupción Lezo, ya con un nuevo juez instructor, Manuel García Castellón, quien recuperó su plaza en el Juzgado Central de Instrucción número 6, que hasta ese momento había venido ocupando Eloy Velasco.

En estas declaraciones, la mayoría celebradas entre septiembre y octubre, el único representante de Anticorrupción fue Yáñez, ya que García Cerdá fue asignada a otros casos hace algunas semanas.

Con García Castellón, los principales imputados en la causa han ido saliendo de prisión tras el pago de fianzas, incluido Ignacio González, quien precisamente abandonó ayer la cárcel de Soto del Real al abonar 400.000 euros. El único investigado que sigue en prisión provisional es el hombre fuerte de los negocios del Canal de Isabel II en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino.