Fuentes del entorno de
Carlos Yáñez han informado que el fiscal ya ha presentado oficialmente su
renuncia a su superior, Alejandro Luzón, y que será ahora el fiscal general del
Estado, José Manuel Maza, quien la acepte o no.
Según las fuentes
consultadas, Maza podría no aceptar la renuncia aduciendo razones de la carga
de trabajo que conlleva el 'caso Lezo', que está dividido en cinco piezas
diferentes y en el que hay casi 70 investigados. De este modo, si el
fiscal general del Estado pide a Yáñez que continúe, éste se muestra dispuesto
a aceptarlo y seguir al frente de la investigación de Anticorrupción en esta
causa.
El 'caso Lezo' estalló
el pasado mes de abril, cuando al frente de la Fiscalía Anticorrupción estaba
Manuel Moix. Desde el principio, la diferencia de criterio entre el jefe y los
fiscales encargados de la causa, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá, fue
patente, llegando Moix a vetar registros vinculados a operaciones de Inasssa en
la época en que Alberto Ruiz-Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid.
Estas decisiones del ex
fiscal jefe fueron examinadas por el Consejo Fiscal, que dio la razón a Yáñez y
García Cerdá. Poco después, Moix dimitió como consecuencia del escándalo en el
que se conoció que era propietario junto a sus hermanos del 25% de
una empresa 'off shore' en Panamá.
Desde entonces, se han
ido sucediendo en la Audiencia Nacional los interrogatorios de investigados en
la trama de corrupción Lezo, ya con un nuevo juez instructor, Manuel García
Castellón, quien recuperó su plaza en el Juzgado Central de Instrucción número
6, que hasta ese momento había venido ocupando Eloy Velasco.
En estas declaraciones,
la mayoría celebradas entre septiembre y octubre, el único representante de
Anticorrupción fue Yáñez, ya que García Cerdá fue asignada a otros casos hace
algunas semanas.
Con García Castellón,
los principales imputados en la causa han ido saliendo de prisión tras el pago
de fianzas, incluido Ignacio González, quien precisamente abandonó ayer la
cárcel de Soto del Real al abonar 400.000 euros. El único investigado que sigue
en prisión provisional es el hombre fuerte de los negocios del Canal de Isabel
II en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino.