El fiscal Manuel Fernández Guerra ha continuado exponiendo su informe final, concretando la participación en los hechos investigados de cada uno de los 21 exaltos cargos de la Junta procesados, en los que basa su acusación.
En el caso de Griñán, para el que pide seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación, ha señalado que "no cabe la menor duda" de que como consejero de Hacienda era uno de los destinatarios de los informes de control financiero permanente de la agencia pública IDEA, encargada de pagar las ayudas.
En esos informes el interventor alertó del "uso inadecuado" de las transferencias de financiación de Empleo a IDEA para abonarlas y de que la Dirección General de Trabajo estaba dando ayudas "prescindiendo del procedimiento legalmente establecido".
El fiscal ha reproducido la declaración que voluntariamente hizo en 2015 el exinterventor general Manuel Gómez ante el Supremo, en la que explicó que sus avisos eran "suficientemente relevantes" como para que Griñán tomara medidas.
Entonces el exinterventor sostuvo que Griñán, como consejero de Hacienda responsable de velar por las arcas públicas, pudo ordenar a la Consejería de Empleo dejar de tramitar las ayudas, informar al Consejo de Gobierno de las irregularidades detectadas y "podía perfectamente ordenar que se suspendieran los pagos".