El fabricante del bio-bac Antonio Rafael Chacón, acusado de delitos contra la salud pública y los consumidores, ha reconocido en un Juzgado de lo Penal de Madrid que comercializó este producto, que "no tiene ningún elemento que pueda dañar la salud", como "complemento alimenticio".

El fiscal pide cinco años y seis meses de prisión y una multa de 40.500 euros para Antonio Rafael Chacón por elaborar y vender al público el producto sin autorización administrativa, lo que causó un evidente peligro a las 2.030 personas que lo consumieron.

Junto a Chacón, en el banquillo de los acusados, se sientan otras tres personas, el farmacéutico Miguel Echenique, el biólogo Enrique Martínez y la secretaria Consuelo Serdio, que se enfrentan a penas que oscilan entre los tres años y los dos años y medio de cárcel.

Durante su declaración en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid, Chacón ha explicado que comercializó el bio-bac como un "complemento alimenticio o dietético", destinado a la prevención y el tratamiento de cáncer, sida, hepatitis y enfermedades degenerativas.

La defensa de Rafael Chacón solicita la libre absolución de su cliente por considerar que no ha incurrido en una infracción penal al elaborar y vender el producto denominado bio-bac, que, a su entender, es "inocuo" y "beneficioso" para la salud.

Según el escrito de acusación del ministerio fiscal, la distribución y venta del producto se realizaba a través de una página web (www.bio-bac.com). En este sitio web se ofrecía como si fuera un medicamento para el tratamiento de enfermedades del sistema inmunológico (sida, hepatitis y enfermedades virales), para el cáncer y afecciones degenerativas (artrosis, artritis y esclerosis), indicando que no era tóxico, que era natural, sin efectos secundarios y seguro, "al no contener ningún elemento que pueda dañar la salud".

Para la Fiscalía, el producto era un compuesto de proteínas y aminoácidos, que incumplía gran parte de las normas de producción, control y caracterización de un medicamento.

El acusado trabajó en la elaboración del producto desde 1994 y lo vendió al público como medicamento desde 1997, eludiendo los controles sanitarios, y generando, según el ministerio público, un evidente peligro para las 2.030 personas que lo consumieron en toda España, aquejadas de graves enfermedades como cáncer, sida, hepatitis y enfermedades degenerativas.