Felipe Martínez Rico, que fue subsecretario de Hacienda y Función Pública durante el mandato de Cristóbal Montoro, declaraba en el juicio del 'procés' para esclarecer si la Generalitat de Cataluña utilizó dinero público para el referéndum del 1-O.
En su declaración ha admitido que la Generalitat pudo burlar el control que se le impuso en 2017 porque la certificación de gastos no tenía por qué ser "la realidad material de los hechos". Estos sistemas "llegan hasta donde llegan y tienen los límites que tienen", ha reconocido.
Martínez Rico controlaba las partidas que Hacienda destinaba a la Generalitat. "¿Una contratación irregular podría haber eludido el control?", le ha preguntado la fiscal, a lo que el funcionario, actualmente residente en Londres, ha respondido que siempre que sea contraria a las pautas de contratación del sector público se puede hablar de contratación irregular, sea esta certificada o no, y en este caso quedaría "fuera del margen de control".
Después de Rico está citado David Badal, funcionario del Departament de Trabajo, y tras él deben comparecer varios guardias civiles que intervinieron en algunos registros clave para la causa.
Precisamente, los primeros en declarar serán los agentes que intervinieron en los registros de los principales colaboradores de Oriol Junqueras durante su etapa como vicepresidente de la Generalitat, Josep Maria Jové y Lluis Salvadó, que fueron detenidos en la operación de la Guardia Civil del 20 de septiembre de 2017 y que están investigados en un juzgado de Barcelona.