A pocas horas para que comience el juicio por el caso Nóos, ya está todo preparado en la Escuela de Administración Pública Balear, habilitada para las 67 sesiones previstas en este juicio, que sentará en el banquillo a la hermana del Rey, Iñaki Urdangarín y otras 16 personas acusadas de delitos de corrupción, por el presunto desvío de fondos públicos .
Este lunes será el turno de las cuestiones previas donde el juez deberá atender a los argumentos de los abogados, que ya han ido moviendo ficha como estrategia de sus defendidos. La última sorpresa la ha dado Jaume Matas, que ha ofrecido su palacete mallorquín, valorado en 1,3 millones de euros, para compensar así los daños causados a los fondos del Gobierno Balear.
El fiscal le acusa de cuatro delitos, prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. Presuntamente cometidos por el pago del 2,3 millones de dinero público a Urdangarín y su socio Diego Torres por organizar dos foros. El posible acuerdo alcanzado con Fiscalía permitiría a Jaume Matas rebajar la pena de prisión.
Los abogados de la hermana del Rey están en la línea de que su defendida puede acogerse a la doctrina Botín, que le evitarían permanecer en sala con el resto de acusados. Según esa doctrina nadie puede ser juzgado por delitos fiscales si no le acusan fiscalía y abogacía del Estado, y a Cristina de Borbón sólo le acusa Manos Limpias.
Este caso empezó hace más de cinco años con la investigación del sobrecoste del velódromo Palma Arena. El caso Nóos es la pieza separada número 25 del caso Palma Arena, abierta por el juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, el 20 de julio de 2010 para investigar las supuestas actividades irregulares del instituto que da nombre a la causa y que presidió durante varios años Urdangarin.
Lo que se juzgará el lunes es la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y su exsocio Diego Torres, que percibieron casi seis millones de las administraciones públicas.
También serán juzgados los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad documental por particulares, falsedad en documento público por funcionario, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo.
Los más de cuatro años que duró la instrucción del caso, desvelaron el entramado societario urdido por Torres como autor intelectual y Urdangarin, entonces yerno del Rey Juan Carlos, como gancho para obtener clientes y aumentar notoriamente los honorarios, según el instructor y las acusaciones.
Las seis acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado, Abogacía de las comunidades balear y valenciana, Manos Limpias y el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia) coinciden en que Urdangarin y Torres lograron que el Instituto Nóos fuera adjudicatario de ingentes cantidades de fondos públicos.
Lo hicieron mediante un sistema en el que eludían de forma ilícita la aplicación de la Ley de Contratos de la Administración Pública, que fue el uso fraudulento de los convenios de colaboración.
De esa manera lograron unos 3,5 millones de las administraciones públicas valencianas, 2,5 millones del Govern balear y 114.000 euros en donaciones simuladas del Ayuntamiento de Madrid, según los cálculos de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares y populares.