En toda España apenas quedan pueblos con nombres franquistas, unos dedicados al "caudillo" y otros a generales golpistas o simplemente rebautizados durante la dictadura, pero su modificación en virtud de las leyes de memoria se enfrenta con la postura recalcitrante de algunos alcaldes y no pocos vecinos.

Según el recuento hecho por las delegaciones de EFE en España, todavía hay dos "del Caudillo": Alberche del Caudillo (una pedanía de la provincia de Toledo, de unos 1.700 habitantes) y Llanos del Caudillo (Ciudad Real, 700); y dos "Villafranco": las pedanías Villafranco del Guadiana (Badajoz, 1.500) y Villafranco del Guadalhorce (Málaga, 700).

Con apellidos de generales y líderes falangistas hay tres: Alcocero de Mola (Burgos, 33 habitantes), Quintanilla de Onésimo (Valladolid, 1.031) y San Leonardo de Yagüe (Soria, 2.042); y el resto son localidades renombradas por el régimen de Franco: Numancia de la Sagra (Toledo, 5.170 habitantes), Cabacés (Tarragona, 312), Rialp (Lleida, 658), Capmany (Girona, 618) y Lladó (Girona, 845).

Villafranco del Guadiana, la única población extremeña de esta lista -después de que Guadiana del Caudillo borrara su dictatorial apelativo en marzo de 2020- es un buen ejemplo de la dificultad a la que se enfrenta el cumplimiento en este aspecto la Ley de Memoria Democrática.

En esta pedanía del término municipal de Badajoz, su alcalde, Daniel Sánchez (PP), considera que el nombre debe mantenerse porque una mayoría de los vecinos no quiere cambiarlo -800 de 1.500 firmaron en 2016 por mantener la denominación- y "no es un tema del día a día".

Los vecinos "no se levantan todos los días pensando si somos Villafranco o Villapedro", ha afirmado en declaraciones a EFE, mientras el portavoz municipal del PSOE, Ricardo Cabezas, ha remarcado que "las leyes están para cumplirlas".

Algo parecido ocurre en el otro Villafranco, el del Guadalhorce, una pedanía de Alhaurín el Grande (Málaga) fundada por el Instituto Nacional de Colonización en 1968, donde la alcaldesa, Antonia Ledesma (PP), ya ha recibido la petición de cambio de nombre y ha explicado a EFE que nunca se ha negado a cumplir la ley, pero que los vecinos solo intentan "defender su nombre", al que consideran parte de su identidad.

La disputa nominal ha sido notable, desde que se aprobó la anterior Ley de la Memoria Histórica, en el municipio soriano de San Leonardo de Yagüe, apellido añadido en 1952 tras la muerte del general Juan Yagüe, nacido allí.

Mientras la actual alcaldesa, Belinda Peñalba (PSOE), ha señalado a EFE que aún no hará declaraciones sobre los pasos para cumplir la Ley de la Memoria Democrática, la anterior corporación aprobó por unanimidad en 2016 mantener el nombre en tanto no se pronunciara la justicia y en aquel Pleno se puso el acento en la ayuda que el militar "prestó en su día a los vecinos y al municipio", por encima de su responsabilidad en hechos ocurridos durante la guerra.

En los otros dos pueblos de Castilla y León que incumplen la ley la situación es distinta: en Alcocero de Mola (Burgos), su alcalde (PP) ha venido insistiendo en diversas declaraciones desde hace tiempo en que este no es un tema prioritario; mientras en Quintanilla de Onésimo (Valladolid), su primer edil (PSOE), ha manifestado a EFE que los servicios jurídicos están estudiando de qué manera les afecta la Ley de Memoria Democrática, tras lo que darán a conocer su decisión.

Muchos habitantes de la toledana Alberche del Caudillo también se muestran contrarios al cambio de nombre, el único que han tenido desde que el municipio fue fundado en 1956, en plena dictadura; y en Llanos del Caudillo, Ciudad Real, su Ayuntamiento ya descartó en octubre de 2020 el cambio de nombre amparándose en una sentencia firme de un juzgado que desestimó una demanda para hacerlo.

El tercer municipio de Castilla-La Mancha en este listado, Numancia de la Sagra (Toledo), figura en él porque el régimen franquista lo renombró para enaltecer a una de las unidades rebeldes durante la Guerra Civil: el regimiento Numancia, que lo tomó en octubre de 1936.

Así mudó de nombre la población que durante siglos fue conocida como Azaña, no por el entonces presidente de la República, Manuel Azaña, sino por una derivación fonética de la palabra árabe "assánya" o "al-saniya", de la que procede también "aceña", molino harinero de agua que figura en su escudo.

En cualquier caso, hoy son pocos los vecinos movilizados para renombrar el pueblo e incluso quienes en el pasado más han promovido el cambio de nombre, entre ellos el exalcalde Clemente Serrano (PP), ya han tirado la toalla.

Similar a este caso hay varios en Cataluña, donde la dictadura modificó la ortografía de distintas localidades, algunas de las cuales la mantienen. En el municipio de Cabacés (Tarragona) un grupo de vecinos está impulsando una campaña para volver a llamarse Cabassés y el actual alcalde ha abierto la puerta a una consulta municipal para iniciar la petición del cambio.

Otras localidades que conservan ortografía franquista son Rialp (Lleida), y las gerundenses de Capmany y Lladó, antes denominadas Rialb, Campmany y Lledó, cuyos alcaldes no tienen intención de iniciar un proceso para cambiar el nombre.

Además de la mencionada Guadiana, antes del Caudillo, otros municipios españoles han venido desprendiéndose de su herencia franquista en los últimos años, como la propia localidad natal de Francisco Franco, Ferrol, que eliminó de su denominación el añadido "del Caudillo" en 1982, hace ya 40 años.

Entre los pueblos y ciudades que han removido esta parte de su pasado figuran asimismo Barbate (Cádiz), que hasta 1998 se llamó "de Franco"; Villafranco del Guadalquivir (Sevilla), que recuperó en 2000 su antiguo nombre de Isla Mayor; Ribadelago de Franco (Zamora) que desde hace cuatro años es oficialmente Ribadelago Nuevo; y Poble Nou del Delta (Tarragona), que en 2003 dejó de llamarse Villafranco del Delta, como nació en 1957.