La iniciativa quedó aprobada con los votos a favor de PSOE -que presentó la propuesta-, Ahora Madrid y Ciudadanos, y el rechazo del PP, que argumentó que los socialistas no aceptaron una enmienda que recoge de forma literal el artículo 1 de la Ley de Memoria Histórica y pide que en la redacción de los motivos para cambiar los nombres se incluya a quienes cometieron violencia y represión "por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa".

La medida no implicará ningún coste para el Ayuntamiento salvo los 54 euros de cada placa

En concreto, en los próximos seis meses cambiarán los nombres del callejero como la plaza de Arriba España, Caídos de la División Azul, la plaza del Caudillo, calle Primero de Octubre, avenida del General Fanjul, avenida del Arco de la Victoria, Comandante Zorita, Hermanos García Noblejas, General Yagüe, General Moscardó o la plaza Fernández Ladreda.

Junto a estas calles, se eliminarán inmediatamente cinco vestigios franquistas: la lápida de José García Vara en la calle Arrieta; el monolito al Alférez Provisional en la plaza Felipe IV; la lápida a los Caídos de Chamartín de La Rosa, en la plaza Duque de Pastrana; el monumento a los mártires de la Sacramental de San Isidro en el paseo Ermita del Santo; y la placa a los Hermanos Falcó y Álvarez de Toledo en Barajas. 

Las modificaciones han sido elegidas a propuesta de la cátedra de memoria de la Complutense, según ha explicado la delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer, que ha incidido en que "no hay margen de duda" de que honran a "incitadores del golpe de Estado o ejecutores de delitos de lesa humanidad". 

Se sustituirán por nombres de acontecimientos relevantes de la ciudad o por personas "olvidadas" que lo merecen porque con su trabajo han contribuido a que se produzcan avances relevantes o han sido significativas para la historia de la capital. 

La medida no tiene coste para el Ayuntamiento salvo los 54 euros que cuesta cada placa. No obstante, Mayer ha incidido en que más allá de cambiar los nombres, el Ayuntamiento debe diseñar un Plan Integral de Memoria (que espera que esté listo en abril), elaborado en colaboración con entidades de expertos y con la asociaciones de la Memoria para garantizar, desde una "óptica democrática, plural, diversa y con perspectiva de género", que el cumplimiento de la Ley sea algo "estable".