Cuatro meses después de llegar al final del plan de desescalada, España vuelve a entrar en estado de alarma por el coronavirus con la intención de que se extienda durante meses.

En concreto, habrán pasado 127 días desde el final del primer estado de alarma, que comenzó el 14 de marzo y finalizó el 21 de junio, hasta este segundo, que se presenta radicalmente diferente al que se vivió en los primeros meses de la pandemia.

Así se ha decidido en un Consejo de Ministros Extraordinario en el que, además, se ha buscado dar garantías para que se lleven a cabo las medidas acordadas en el Consejo Territorial anunciadas este jueves.

La principal diferencia entre este estado de alarma y el de marzo es que, en esta ocasión, no habrá confinamiento total de la ciudadanía, al menos impuesta por parte del Gobierno, que sí ha instado a los ciudadanos a "quedarse en casa todo lo que sea lo posible".

Ahora, el Gobierno busca dar un paraguas legal a las Comunidades Autónomas para que apliquen medidas de restricción de movilidad más estrictas para paliar el avance de la COVID-19, siendo el toque de queda una de las más recurrentes.

Siguiendo esa línea y para todo el territorio nacional, se establece un toque de queda a nivel nacional de 23:00 horas a 06:00 horas, con la opción de que las Comunidades Autónomas lo modifiquen una hora por delante o por detrás.

En cuanto al movimiento entre Comunidades Autónomas, serán los propios líderes regionales los que decidan si abrir o cerrar estos movimientos territoriales en función de la evolución de la pandemia, es decir, si se puede entrar o no de territorios concretos.

Primero, quince días; después, seis meses

La ley que desarrolla el estado de alarma es clara. En ella, se contempla que esta figura "no podrá exceder de 15 días" y que sólo se podrá prorrogar "con autorización expresa del Congreso, que tendrá potestad para "establecer el alcance y las condiciones vigentes".

Es decir, alargarlo hasta que se considere necesario. La intención del Gobierno es que esta prórroga se extienda hasta el mes de mayo. En el anterior estado de alarma, el Gobierno de coalición lo sometió a votación cada 15 días en el Congreso de los Diputados, sacando adelante las seis prórrogas -algunas con más holgura que otras- que fueron debatidas en la Cámara Baja.

Ahora, desde el Ejecutivo dan por hecho que contarán con apoyos suficientes para sacar adelante esa prórroga, contando además con los apoyos de Ciudadanos, que ya adelantó el viernes que prestaría su apoyo al Gobierno si finalmente tomaba esa decisión.

Iñigo Urkullu fue el primer líder regional en pedir el estado de alarma para su Comunidad Autónoma, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tumbase su medida de limitar las reuniones sociales a un máximo de seis personas. Entonces, el lehendakari pidió al Gobierno ese amparo legal para poder implementar medidas más duras contra el coronavirus.

A ese llamamiento, se han acabado sumando diez territorios más, siendo las CCAA lideradas por el PP las únicas que no se han adherido abiertamente a esta petición.