El Gobierno español firmó hoy un acuerdo con la Corte Penal Internacional (CPI) para que las personas que hayan sido condenadas por este tribunal de La Haya puedan cumplir sus penas de prisión en España sí así lo acuerdan ambas partes. De este modo, se suma a otros trece países con acuerdos similares de ejecución de sentencias.

El presidente de la CPI, el polaco Piotr Hofmanski, y la embajadora española en La Haya, María Consuelo Femenía, firmaron el acuerdo durante la vigésimo primera sesión de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, que está teniendo lugar esta semana en Países Bajos. El Estatuto dispone que las penas de prisión impuestas por la CPI a los condenados por crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio o agresión (crímenes sobre los que este tribunal tiene jurisdicción) "serán cumplidas en un Estado designado por la Corte de una lista de Estados que hayan indicado a la Corte su voluntad de aceptar personas condenadas".

Por tanto, según el acuerdo firmado, las personas condenadas por la CPI podrían cumplir penas de prisión en España si así lo decide la Corte y lo acepta el Gobierno español. "España demuestra su firme apoyo y compromiso para garantizar el correcto funcionamiento de la Corte. Está consagrado en el Estatuto de Roma que los Estados Partes deben compartir la responsabilidad de hacer cumplir las sentencias de prisión dictadas por la Corte. Con su firma, España ha asumido esta responsabilidad", señaló Hofmanski. Por su parte, Femenía subrayó "una vez más el compromiso" de España con la CPI en el desempeño de sus funciones como órgano judicial.

"Somos muy conscientes de la necesidad de este tipo de cooperación en la ejecución práctica del mandato de la Corte, en la última fase del proceso judicial. La firma de hoy está en línea con otras acciones ya emprendidas por España en la lucha contra la impunidad", agregó Femenía. Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Georgia, Malí, Noruega, Serbia, Eslovenia, Suecia y Reino Unido tienen acuerdos similares con la CPI.