El control exhaustivo del gobierno de Rajoy sobre las cuentas de la Generalitat tensa más la relación entre ambas administraciones. El conseller de Territori de la Generalitat, Josep Rull, compara la medida del Ejecutivo con prácticas franquistas.
"Intentan poner en valor aquello que ocurría durante épocas anteriores, en la época de Franco de pedir un certificado de buena conducta", ha afirmado Rull.
Desde la Generalitat califican de absurdo que el Estado se ampare en una factura de 6.000 euros para justificar esta medida. El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, ha afirmado que "hay un Gobierno del Estado que está más preocupado por una factura de 6.000 euros que por una de 60.000 millones que perdieron los bancos; estamos ante este tipo de Gobierno".
Pero el ministerio de Hacienda se ha mostrado implacable. Lo publica el BOE. Exigirá a todas las consejerías de la Generalitat que remitan un informe de gastos y pagos para garantizar que no se destina dinero a financiar la consulta.
José Enrique Fernández de Moya, secretario de Estado de Hacienda, ha destacado que se pretende que "no se destine ni un céntimo de euro a un referéndum que es ilegal".
Los catalanes creen la medida es fruto de la impotencia. Turull ha sostenido que "es una desesperación por no haber hecho desde el minuto cero lo que se debería haber hecho, que es política".
El President pide que se les devuelva su dinero: "Los euros públicos de los catalanes que han utilizado para sufragar y pagar informes falsos, ¿nos los puede devolver, ministro?", ha asegurado en Twitter.
A través de una carta, el secretario de Estado de Presupuestos reclamaba a la interventora general de la Generalitat información sobre tres partidas bajo sospecha. En total, 6.150 euros sin justificar. Ahora, cada semana, la Generalitat tendrá que rendir cuentas al Gobierno y, si no cumple, serán los propios funcionarios quienes incurrirán en responsabilidades penales. Se podrá sancionar cerrando el grifo del Fondo de Liquidez Autonómico.
Para el Partido Popular, el dinero público no debe destinarse a extravagancias independentistas. Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas, ha declarado que "el dinero de todos los catalanes no está para pagar obsesiones independentistas, excentricidades del gobierno de la Generalitat. Mirarán con lupa cada partida, al menos, hasta el 1 de Octubre.