Durante el acatamiento de la Constitución llevado a cabo en el arranque de la nueva legislatura en el Congreso de los Diutados, Oriol Junqueras usó esta fórmula: "Como preso político, y por imperativo legal, sí, prometo", como se puede ver en el siguiente vídeo. En la misma línea se expresó Jordi Sànchez: "Con lealtad al mandato del 1 de octubre y como preso político, sí, prometo".

Para el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, estas fórmulas no solo no son válidas. También las tachan de ilegales. "Vamos a analizar si la forma de jurar, sabiendo que lo haces de forma ofensiva contra la propia legalidad, es constitutivo de algún reproche penal", ha anunciado el presidente del PP, Pablo Casado.

Sin embargo, los expertos no ven irregularidad en las expresiones que usaron los diputados del 'procés' para jurar la Constitución. La razón la explica el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Diego López Garrido: "Todos dijeron 'prometo' de manera clara, por lo que se cumple el acatamiento".

Pero la oposición cree que lo que se dijo iba contra la Carta Magna. Por ello, crenn que se debería haber impedido. "Al decir que hay presos políticos dicen que no hay Constitución. Es un fraude de ley", ha denunciado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en declaraciones a la Cadena COPE.

Frente a ello, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se ha defendido en la cadena SER echando mano de un antecedente: "Tenemos la jurisprudcencia del Tribunal Constitucional que nos marca el camino". Así, menciona una sentencia del organismo de 1990, después del acatamiento de los diputados de Herri Batasuna.

Ese año, la fórmula para prometer el cargo "por imperativo legal" les costó la expulsión y se les negó la condición de diputados. No obstante, el Constitucional sí lo validó en una sentencia que los expertos rescatan para añadir que el juramento o promesa es un formalismo anticuado, sin valor.

"Es preconstitucional. Se le está dando al juramento un valor que no tiene en absoluto", ha explicado el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo. Por eso, los expertos creen que la polémica a la hora de tomar posesión del cargo como diputado y la forma de acatar la Constitución no tendrá más recorrido.