No ha sido sólo por el céntimo sanitario. El Gobierno ha sufrido numerosos varapalos en los tribunales a sus iniciativas legislativas. Por ejemplo, la paralización de los desahucios por parte de Bruselas, por considerar abusiva la ley española.
El Alto Tribunal sentenció que es incompatible con la directiva europea porque deja indefenso al consumidor y permite el desalojo antes de que pueda ejercer sus derechos. En palabras de Rajoy, "el código de buenas prácticas no ha funcionado como nos gustaría".
Otro caso fue el aval del Tribunal Constitucional a la atención sanitaria a los sin papeles. La Justicia concluyó que el derecho a la salud debe prevalecer sobre el beneficio económico que supone la negación de la asistencia a los inmigrantes indocumentados.
Por otro lado, el CPGJ consideró la ley del aborto de Gallardón "anacrónica" y "criminalizadora". El borrador aconsejaba retirar el anteproyecto porque supone un retroceso en los derechos y la igualdad de la mujer, a pesar de que Gallardón afirmara que "no hay ningún informe de los jueces".
También los gobiernos autonómicos han sufrido sentencias demoledoras. Uno de los proyectos que más oposición social ha suscitado ha sido la privatización de la sanidad madrileña, que fue paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El presidente Ignacio González se limitó a lamentar la decisión.
Y finalmente, el informe del CPGJ que cuestiona la constitucionalidad en muchos de los artículos más polémicos del anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana. Ayer los leones del Congreso fueron amordazados de forma simbólica en una protesta contra la ya conocida como 'Ley Mordaza'.