En Aragón, donde también Vox ha entrado en el Gobierno con el Partido Popular, su presidenteJorge Azcón ha decidido mantener a los dos directores generales que han hecho apología del fascismo en sus redes sociales. A pesar de que el Ministerio de la Presidencia, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, haya anunciado que va a abrir expedientes sancionadores a ambos dirigentes.

Ellos son Esmeralda Pastor y Jorge Valero. La primera es abogada de profesión y actual directora de Justicia. Pastor mantuvo desde 2018 en su perfil de Facebook una fotografía suya con la bandera franquista en su despacho. Una imagen que sustituyó dos años más tarde por la misma foto, pero sin el escudo del águila, para simular que se trata simplemente de una bandera de España. Entre sus publicaciones también hay alabanzas a la labor del dictador Francisco Franco, como un artículo en el que enumeraba sus logros bajo el título "el gran dictador". Y en la misma línea, ensalzamientos a uno de sus ministros, criticando que el Gobierno le haya retirado la medalla al mérito al trabajo.

Pero al margen de su apología del régimen franquista, llaman la atención otras publicaciones en sus redes sociales en las que habla sobre las consecuencias penales de disparar a un ladrón en tu casa. O publicaciones en las que tiene como objetivo difundir la imagen de una mujer, de una madre, que asesinó a su hija de seis años para compararla con José Bretón.

El segundo cargo con un pasado controvertido es Jorge Valero, nuevo director general de Caza y Pesca, cuyas publicaciones ha recuperado uno de los diputados de Sumar en la región. En ellas felicita a Millán-Astray en el 139 aniversario de su nacimiento con el hashtag 'eternamente héroe' y comparte una convocatoria para una concentración en defensa del fundador de la Legión. El objetivo era evitar que retirasen de una calle de Madrid el nombre de uno de los generales de la dictadura franquista.

A pesar de la decisión de Azcón, ¿Podrían ser cesados? La Ley de Memoria Democrática no contempla esta posibilidad, aunque sí que permite la apertura de un expediente sancionador que ya ha iniciado la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Según el artículo 62, se trata de una infracción muy grave y tanto la directora general de Justicia como el responsable de Caza y Pesca podrían ser sancionados hasta con 150.000 euros. Ambos han vulnerado la Ley de Memoria Democrática con sus publicaciones franquistas en redes sociales y desde el Ministerio de Presidencia, que es de quien depende la secretaría de memoria democrática, aseguran que no van a pasar ni una.