Siete entidades sociales han pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue si la difusión de varios vídeos por Vox en sus redes y páginas web con motivo de la campaña electoral pueden constituir un delito de odio. En un escrito, las organizaciones han argumentado que estos envían mensajes "claramente xenófobos y discriminatorios, que promueven el odio hacia la población migrante, poniéndola en situación de grave peligro".
Concretamente, en uno de ellos se "criminaliza a un colectivo especialmente vulnerable", como los menores extranjeros no acompañados, porque se emiten imágenes y testimonios de personas que han sido supuestamente agredidas por estos niños. Según han señalado, esto generaliza las conductas violentas como algo "intrínseco" a la infancia migrante no acompañada.
"Esta generalización puede conllevar a consecuencias fatales para la integridad física y psíquica de estos menores, en la línea de los últimos asaltos a los centros donde están acogidos", han apuntado las entidades, entre ellas SOS Racismo, Red Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Asimismo, han asegurado que puede dificultar su inclusión en la sociedad a través del acceso a un trabajo o a una vivienda, ya que "estos discursos provocan un miedo sin fundamento en la población" y ponen "en peligro la convivencia entre vecinos".
Posible delito de odio
Los vídeos de Vox, que "criminalizan" a los inmigrantes y fomentan "situaciones idóneas para generar un peligro cierto e inminente a este colectivo", pueden incurrir en un delito de odio del artículo 510 del Código Penal, han destacado.
Este artículo, tal y como apuntan desde las entidades, establece penas de prisión de uno a cuatro años y multas de seis a doce meses a quien realice públicamente el fomento, promoción o incitación directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las personas por motivos racistas o por pertenencia a un origen nacional determinado.
Por esto, han instado al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía General del Estado a que admitan el escrito presentado y que inicien de forma "urgente" la investigación de estos "graves hechos".
También han solicitado que se adopte, como medida cautelar, la retirada de los materiales audiovisuales, "no sólo para el total esclarecimiento de los hechos", sino también para la "protección de las víctimas".