El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por delitos de injurias, amenazas y odio, de los que habría sido víctima su partido durante el acto electoral celebrado en Errenteria (Gipuzkoa), de los que responsabiliza a la Asociación Juvenil Revolucionaria de la Izquierda Abertzale (Ernai).

Según afirma Cs en la denuncia, este colectivo tendría "como un claro fin el de estigmatizar, acosar, injuriar, amenazar a los electores constitucionalistas".

Para la formación naranja, lo sucedido en Errenteria "no es un hecho aislado de concentración espontánea de personas descontentas con una idea o un partido" sino "una clara maniobra organizada del entorno de la izquierda abertzale, Ernai", a la que señala como "heredera de los movimientos SEGI y JARRAI que ya fueron ilegalizadas". Añade que esta organización se relaciona a nivel "identitario" con LAB y Sortu.

"Las tácticas de instigación y asedio por parte de Ernai y su entorno vienen promovidas con el claro objeto de menospreciar y prevalecer sobre un colectivo -el constitucionalista- y acosarlo hasta límites que han de ser conocidos por la acciones de la Justicia", dice Ciudadanos a la Fiscalía.

Junto a la denuncia, Cs aporta una serie de pantallazos con mensajes en las redes sociales lanzados desde una cuenta que el partido atribuye a Ernai, para ilustrar "que fueron quienes coordinaron y dirigieron el acoso en el acto de Ciudadanos", unos tuits que llaman a la movilización "ante el fascismo español" de cara a aquel mitin.

La denuncia se ilustra asimismo con fotografías de pancartas contra Rivera y Cs que aparecieron en edificios de la citada localidad vasca, mensajes sobre lo sucedido compartidos en las redes sociales y un resumen del seguimiento que la prensa escrita y la televisión hicieron de los sucesos.

Asimismo, Cs solicita al Ministerio Público que averigüe quién o quiénes están tras los perfiles en Twitter de Ernai, y las IPs desde donde se publicaron "las proclamas de odio" y pide que se les tome declaración en calidad de investigados "por ser las personas promotoras e instigadoras de los actos violentos en el mitin".

Finalmente, insta a averiguar quiénes fueron los autores de los presuntos delitos de odio, injurias y amenazas que denuncia, recabando las grabaciones de las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos al lugar donde se celebró el acto de campaña.