Un total de 96.418 personas con sentencia de incapacidad no podrán ejercer su derecho al sufragio en las elecciones generales de este domingo 26 de junio porque tanto este Gobierno como el anterior no han reformado la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) como establece la Convención de la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España en 2008.
"Esto es una violación de los Derechos Humanos. España está en deuda con Naciones Unidas, que le ha dicho que tiene que reformar su Ley Electoral, pero los sucesivos Gobiernos y parlamentos no la han modificado. Queremos que sea el último proceso electoral en el que haya personas con discapacidad que no puedan votar", sostiene el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.
Según esta organización, que representa a más de cuatro millones de personas con discapacidad y sus familias, la modificación de la Ley Electoral tiene un coste "cero" para el Estado y sostiene que no se ha hecho aún por "falta de sensibilidad" de los partidos políticos que no han llevado al Parlamento una iniciativa para darle la vuelta a esta situación.
"Nuestro hijo de 52 años con una discapacidad intelectual del 72% le dieron la incapacidad jurídica hace dos legislaturas", cuenta Carmen, que asegura que en ese proceso, "la jueza le preguntó a quién iba a votar y, al escuchar su respuesta, le quitó este derecho".
