40 años después de las primeras elecciones al Parlament, Cataluña es la única comunidad autónoma sin ley electoral propia. ¿A qué se debe esto? Como nos cuenta Carles Ferreira, politólogo y profesor en la Universidad de Kent, esta situación se da en un panorama con partidos "extremadamente diferentes" que tienen "prácticamente imposible" ponerse de acuerdo.

Es la ley electoral española, la LOREG, la que regula la mecánica electoral, mientras que el Estatuto del 1979 estableció el número de escaños por provincia, un reparto que ha permanecido invariable hasta hoy y que es el siguiente:

  • Barcelona: 85
  • Tarragona: 18
  • Girona: 17
  • Lleida: 15

Por lo tanto, como afirma el catedrático en Ciencias Políticas de la UAB Joan Botella, el voto de un ciudadano de Lleida "vale el triple" que el voto de un ciudadano de Barcelona. El Estatuto de 2006 prevé que el Parlament apruebe una ley electoral propia con el voto a favor de dos tercios de los diputados y la aritmética parlamentaria no ha facilitado el consenso.

Con el sistema electoral, un escaño en Barcelona cuesta 65.000 votos; en Tarragona y Girona, 44.000; y en Lleida, 29.000. "Los partidos con un electorado más barcelonés son perjudicados por la ley electoral", afirma Botella.

En 2015, el Parlament tomó en consideración una iniciativa legislativa popular para una ley electoral catalana, una iniciativa "está muerta de risa en los cajones del Parlament", ironiza Botella. La iniciativa proponía cambiar las circunscripciones electorales, sustituyendo las cuatro provincias por siete territorios históricos, las veguerías, y un modelo de listas cerradas en la que el votante, dentro de esa lista, podía decidir entre sus candidatos favoritos.

Otra propuesta llegó en 2018 de la mano del PSC. Inspirado en el modelo alemán, proponía que el elector votara en dos urnas: un voto de proporcionalidad máxima para toda Cataluña y otro de representación territorial para elegir el diputado de la comarca.