Fuentes del entorno de Puigdemont en Bruselas han dicho que ni Puigdemont ni los exconsellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) se han registrado ante las autoridades consulares españolas en Bélgica.

Los ciudadanos llamados a votar en Cataluña que prevén permanecer en el extranjero hasta transcurridas las elecciones catalanas, tenían de plazo hasta las 14:00 horas de este miércoles para darse de alta en el Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA) y, a partir de ahí, rogar el voto.

Para ejercer su derecho a voto, los interesados deberían haber solicitado la documentación correspondiente en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral a través del Consulado donde figuren inscritos como no residentes, formalidad que debería de haberse cumplimentado hoy como máximo.

Puigdemont dijo en la red social Twitter que este miércoles expiraba el plazo para que los catalanes en el extranjero formalicen su registro en los consulados y trasladó a sus conciudadanos que "cada voto cuenta para levantar la losa" del artículo 155 de la Constitución.

Los cinco políticos independentistas catalanes, que se marcharon a Bruselas el 30 de octubre, están en régimen de libertad vigilada hasta que los jueces belgas decidan sobre su eventual entrega a España.

La Audiencia Nacional emitió una orden europea de entrega y detención de los cinco políticos catalanes tras acusarlos de presuntos delitos de sedición, rebelión, desobediencia, malversación de fondos públicos y prevaricación.

Según el calendario procesal, les corresponde personarse en una vista judicial en la Cámara del Consejo de Bruselas, juzgado de primera instancia, el próximo lunes 4 de diciembre para que su defensa presente alegatos contra la Fiscalía belga, que ha pedido ejecutar las citadas euroórdenes.

Además, ha renunciado al sueldo que les correspondería como expresidente catalán porque considera que aún es el presidente de Catalunya, han explicado fuentes cercanas.

Según publica 'elnacional.cat', Puigdemont no acepta haber sido cesado por el Gobierno en aplicación del artículo 155, por lo que consecuentemente tampoco acepta la condición de expresidente y el sueldo que eso conlleva.

Puigdemont ha tomado esta decisión después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le diera este martes un plazo de diez días hábiles para decidir si solicitaba acogerse al Estatuto de expresidentes de la Generalitat y cobrar así la pensión que le correspondería, que estaría en torno a los 112.000 euros al año.