Inmaculada Nieto es la candidata de la confluencia de izquierdas Por Andalucía. Tras acalorados debates, consiguieron cerrar la formación a pocos minutos de que cerrara el plazo. De hecho, tan 'por la campana' llegaron que Podemos no está incluido en la confluencia: muestra su apoyo externo.
La formación de izquierdas, que tiene a Adelante Andalucía y Teresa Rodríguez en el punto de mira por parecidos razonables (aunque Rodríguez defiende el carácter "marcadamente andalucista" de su formación), se presenta a estas elecciones intentando influir en las políticas públicas que se desarrollen tras las votaciones del 19 de junio. La confluencia está finalmente formada por IULV-CA, Más País Andalucía, Verdes Equo Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz, y tiene el apoyo externo de Podemos Andalucía y Alianza Verde Andalucía. Su programa se divide en diez bloques temáticos.
Programa electoral de Por Andalucía
Bloque I: Una economía para la transformación de Andalucía
Proponen una reforma fiscal mediante una "fiscalidad ecológica", actualizar los impuestos al juego y las tasas a las grandes superficies. Quieren también establecer tramos en las bonificaciones fiscales para que se gradúen según el nivel de renta e incorporar bonificaciones de hasta el 90% para servicios del sector agroalimentario en explotaciones tradicionales, rurales y sostenibles medioambientalmente.
En lo relativo a la agricultura, ganadería y pesca, prometen una nueva ley que delimite los márgenes comerciales de la cadena agroalimentaria, regule el uso de marcas blancas y defina prácticas consideradas como abusivas. También quieren aprobar un plan de "uso social de la tierra" en el que se incluye la creación de un banco de tierras públicas. Buscan una "gestión adecuada" de territorios para evitar su "uso especulativo" y lanzar ayudas para la transformación del sector agroalimentario. Prometen desarrollar la Ley de Cadena Alimentaria para "garantizar precios justos, poner fin a la venta a pérdidas y acabar con prácticas abusivas".
Sobre el turismo, abogan por convertirlo en un motor económico sostenible, por lo que quieren aprobar planes de empleo de calidad, incrementar inspecciones e impulsar el papel de la negociación colectiva sectorial. También hablan de regular las viviendas turísticas para "lograr una oferta turística equilibrada", evitando así "competencia desleal y especulación inmobiliaria".
Quieren que conceptos como empleo, huella de carbono, estacionalidad y sostenibilidad en la gestión queden garantizados en la clasificación hotelera y de empresas turísticas. Además, prometen un inventario de instalaciones turísticas como base para hacer cambios normativos "que protejan el suelo" de la especulación. En lo que respecta al comercio, prometen ayudas al pequeño comercio y limitar concesiones a grandes superficies.
Por Andalucía aboga también por cambiar el modelo productivo de la región mediante la cooperación entre administraciones y agentes sociales. Proponen un plan en el que se incluya a las universidades, el I+D+i y la transición energética, aumentando las dotaciones presupuestarias para estos fines. Piden impulsar "de manera urgente" un plan de choque para hacer frente a las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania y aprobar la Ley de Banca Pública, orientada a dar créditos a pymes.
Bloque II: Empleo de calidad
Prometen dotar de 1.500 millones de euros un plan de choque de empleo que esté centrado en colectivos vulnerables( (jóvenes, mujeres y mayores de 45 años), así como aprobar un plan de empleo a través de ayuntamientos con un presupuesto de 400 millones en 2023 y 300 millones en 2024. Todo esto, además, con un plan con medidas de conciliación, de fomento del teletrabajo y partidas presupuestarias orientadas a la implantación de la jornada de cuatro días.
Por Andalucía segura que en sus primeros 100 días de Gobierno aprobaría una nueva ley de contratación pública con programas en todas las administraciones que estarán financiados en un 60% por la Junta de Andalucía. Sobre la función pública, prometen solucionar "por fin" la catalogación de los grupos profesionales y garantizar la estabilidad del personal funcionarial. Además, prometen regular la incompatibilidad del ejercicio público y privado y fijar "de forma justa" los requisitos para acceder a puestos de Policía Local.
Bloque III: Mejores servicios públicos para una mejor democracia
Sanidad: prometen aumentar en un 17% el gasto en Sanidad durante la legislatura y garantizar la estabilidad de los 12.000 profesionales refuerzos COVID, así como contratar a los 8.000 que fueron despedidos durante la pandemia. También abogan por aumentar la capacidad de recursos públicos (con ampliación de horarios y "dimensionamiento adecuado" de las plantillas) y prometen contratar a "al menos" 4.000 personas para Atención Primaria.
Sobre los conciertos sanitarios con entidades privadas, dicen que se limitarán en el tiempo y que tendrán "objetivos mensurables de calidad". También prometen integrar "todo el personal y los recursos tecnológicos" de la salud pública en una única organización.
En lo que respecta a la salud mental, prometen aumentar la inversión en el área, más contrataciones y disminuir las ratios de Psiquiatría y Psicología, asegurando la asistencia en todos los centros de salud. También entran a hablar de salud sexual y prometen mayor financiación para bajar precios de anticonceptivos y formación específica para educadores y trabajadores públicos, así como para alumnado en centros escolares.
Educación: prometen reducir las ratios, mejorar la atención a la diversidad, aumentar la presencia de trabajadores sociales en barrios desfavorecidos. Rechazan la financiación concertada de ciclos medios y formativos, y abogan por disminuir "progresivamente" la financiación de la educación privada concertada.
En lo referente a la Formación Profesional, apuestan por adaptar la oferta a "la demanda real" y frenar el proceso de privatización del sector, con 45.000 plazas públicas nuevas. Sobre las universidades, prometen garantizar la financiación pública y revertir "el recorte de 135 millones de euros realizado en 2020".
Derechos Sociales: prometen asegurar que los servicios sociales se hagan con empresas públicas, por lo que dicen que se procederá de forma gradual a la "asunción pública de los servicios que estén privatizados". Establecerán un periodo máximo de 60 días para obtener la calificación del grado de Discapacidad y prometen acabar con las listas de espera para pensiones, renta mínima, plazas en residencias, pisos tutelados y otros recursos.
Además, dicen que incrementarán "considerablemente" los fondos de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA) y que aprobarán anualmente planes de inclusión social con un mínimo de 100 millones de euros de presupuesto. También prometen aumentar plazas y becas de comedor escolar, así como plazas en residencias y aseguran que establecerán ayudas por hijo o hija de 1.200 euros anuales que estará condicionada a la renta.
Vivienda: quieren marcar un límite del precio de los alquileres y luchar contra la especulación con "medidas de vigilancia, inspección y sanción". Además, prometen sancionar a las entidades financieras que tengan viviendas deshabitadas y destinar 1.000 millones de euros de fondos autonómicos a políticas de vivienda. Dicen que establecerán medidas para "garantizar que todas las viviendas tengan suministros de luz, agua y gas" y así "erradicar" la pobreza energética.
En cuanto a los jóvenes, prometen crear un programa con ayudas de hasta 10.800 euros para que menores de 35 años pueda comprarse una casa. Hablan también de programas de alojamientos protegido y de ampliar el parque de viviendas públicas para alquiler.
Justicia: aumentar el presupuesto para reforzar el sistema de justicia gratuita y mejorar las infraestructuras.
Deporte y actividad física: aumentar horas de educación física y deporte extraescolar, acabar con cláusulas antiembarazo y crear un programa de subvenciones a entidades deportivas, entre otras.
RTVA: garantizan la continuidad de RTVA, así como su producción propia, y prometen reforzar sus plantillas y condiciones laborales, con contratación de "colaboradores que cumplan con un mínimo de estándares éticos".
Consumo: mayores inspecciones y control para protección a los consumidores.
Prevención de incendios: mayor inversión en INFOCA, "asegurando la estabilidad laboral y condiciones de trabajo dignas para la plantilla" y poner en marcha el plan forestal andaluz.
Bloque IV: Feminismos
Quieren crear la Consejería de Feminismo e Igualdad para desarrollar "al máximo" las políticas del Ministerio de Igualdad. Aumentar el presupuesto a estas políticas y no contratar a empresas donde haya brecha salarial. Incluirán la perspectiva de género en las nuevas normas y leyes.
Contra el acoso callejero, apuestan por aumentar la iluminación en calles y ampliar el ancho de aceras. Además, prometen ampliar protección a menores de violencia machista. Retirarán la financiación a asociaciones "abiertamente contrarias al desarrollo de derechos y libertades de las mujeres y, en particular, contrarias al libre ejercicio del aborto libre, seguro y gratuito".
También dicen que llevarán a cabo programas públicos dirigidos a hombres para educarles en valores de igualdad. Además, implementarán programas de intervención con agresores.
Bloque V: LGTBIQ+
Prometen impulsar el Observatorio Andaluz de la Violencia contra personas LGTBIQ+, así como la creación de una Comisión específica en el seno del Consejo andaluz LGTBIQ+ para el estudio de medidas contra los delitos de odio. Impulsarán políticas para aumentar la empleabilidad del colectivo y el sexilio rural.
Recuperarán la historia de personas que hayan sufrido represión y aumentarán los fondos bibliográficos de bibliotecas. Además, retirarán "cualquier contenido relativo a la patologización de las personas trans" e impulsarán medidas para proteger a la infancia trans.
Bloque VI: Juventud
Quieren un plan para evitar la emigración, desarrollar programas de empleo con 250 millones de euros de presupuesto, medidas para madres y padres jóvenes y un abono de transporte joven de 20 euros para menores de 30 años que se podrá usar en todo el transporte público de cada provincia. En esta área se incluyen más medidas ya mencionadas en las secciones de empleo, vivienda y sanidad.
Bloque VII: Transformación ecológica frente a la emergencia climática
Quieren crear la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra la Emergencia Climática y declarar la emergencia climática en Andalucía para mitigar los efectos de la crisis climática. Mencionan directamente la protección de Doñana y dicen que garantizarán el cierre de pozos ilegales y que elaborarán un plan de restauración hídrica. Prometen garantizar la soberanía energética a partir de fuentes renovables y establecer programas para una transición justa.
Elaborarán un plan de reforestación andaluz y reducirán la contaminación lumínica; también quieren crear una comercializadora de electricidad pública andaluza para el impulso de energías renovables. Prometen establecer una moratoria a nuevos regadíos, evitar la sobreexplotación de acuíferos e impulsar una política de vertidos cero con depuradoras sostenibles y huyendo de macroproyectos con "enorme coste ambiental y económico".
Abogan también por una ley de economía circular. Sobre el bienestar animal, buscan recoger el "sacrificio CERO" de animales de compañía, dar más recursos a entidades de rescate de animales y evitar subvenciones a la tauromaquia o su promoción como evento cultural. En lo respectivo a la caza, apuestan por su regulación con criterios científicos.
Bloque VIII: Movilidad y ordenación del territorio
Por Andalucía quiere aprobar una ley de movilidad sostenible que de transporte público colectivo en toda la región, con especial importancia del tren y las líneas metropolitanas. Prometen mejorar la red secundarias de carreteras dando prioridad a las que dan servicio a zonas en riesgo de despoblamiento. Para ello aumentarán presupuestos.
Prometen "defender al taxi frente a la uberización" del transporte, por lo que crearán un marco regulatorio de VTC que limite el número de licencias, intervenga las tarifas u las condiciones de contratación.
Pretenden, además, modificar la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) para evitar gentrificación y turistificación y aprobar una ley del paisaje. También aseguran que pondrán en marcha la guía para la instalación de parques fotovoltaicos y eólicos "que fue retirada ante la presión del lobby del sector".
Bloque IX: Medio rural vivo
Frente a la despoblación, esta formación quiere impulsar una mesa de diálogo y desarrollar un plan de acción anual "con recursos suficientes" para que la puesta en marcha de las medidas sea transversal. Prometen duplicar el personal que atiende consultorios médicos y recuperar y mantener líneas educativas en zonas rurales.
También abogan por incentivos para instalación de empresas en municipios que pierden población, así como una apuesta "decidida" por la agroindustria. Otra propuesta: impulsar, "a semejanza de la condición de Municipio Turístico", otras etiquetas para conceder ayudas, como ‘Municipio vaciado’, ‘Municipio de acogida de temporeros’, ‘Municipio disperso’, ‘Municipio afectado por consecuencias económicas especiales’, etc.
Bloque X: Andalucismo, democracia, memoria y derechos humanos
La confluencia de izquierdas quiere "explorar, desarrollar e impulsar al máximo" las competencias del estatuto andaluz, así como dar importancia a la figura de Blas Infante. Prometen un "desarrollo efectivo" de la Ley de Transparencia y modificar las figuras del Defensor del Pueblo y la Cámara de Cuentas para que tengan mayor capacidad de acción.
Aseguran que suprimirán los aforamientos y limitarán el mandato presidencial a dos legislaturas. Sobre esto, también presentarán una nueva ley electoral para que sea "más proporcional".
En lo que respecta al flamenco, abogan por debatir con el sector la aprobación, o no, de una ley propia, así como garantizar el apoyo financiero al sector.
Sobre memoria histórica, prometen cumplir la ley andaluza con un nuevo protocolo de exhumaciones, un banco de ADN y un censo de víctimas. Instarán a la Basílica de la Macarena, en Sevilla, a que saquen el cuerpo de Queipo de Llano en un mes e inscribirán la carretera Málaga-Almería (donde ocurrió La Desbandá) y la Colonia de Víznar (donde mataron a Lorca) como lugares de Memoria.
En lo que respecta a la migración, aseguran que aumentarán el número de profesionales que trabajan con menores no acompañados y que pondrán en marcha un programa para erradicar asentamientos chabolistas de temporeras. Prometen revertir los recortes en integración a la inmigración y la vigilancia del uso de esos fondos.