El Partido Popular no quiere pagar la fianza de 1,2 millones impuesta por el juez De la Mata. Pese a que cuando conocieron ese requerimiento anunciaron que sí abonarían esa cantidad, en el recurso presentado por sus abogados alegan que sólo con los bienes embargados a Bárcenas, Lapuerta o Gonzálo Urquijo ya se habría cubierto la responsabilidad civil que les corresponde como responsables directos.
Por lo tanto, dicen que no sería necesario que el partido abonase ninguna cantidad. Así, le piden al juez De la Mata que tase todos los bienes embargados y que suspenda el plazo de diez días, del que ya se han cumplido cuatro, para abonar la sanción. Algo que consideran que es su derecho.
"Primero debería ser más intensivo en la búsqueda de las fianzas de los acusados", ha considerado el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá. Tras extender la sombra de la sospecha sobre las actuaciones judiciales, los populares acuden a la justicia para evitar la sanción por la reforma de la sede de su partido.