El PP ha registrado un escrito en el Congreso pidiendo detener el inicio de los trabajos de la comisión de investigación sobre su supuesta financiación ilegal hasta determinar claramente, y previo informe de los letrados, el periodo temporal y el ámbito institucional que se pretende investigar.
La comisión de investigación que preside el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, está citada para intentar aprobar un plan de trabajo que permita decidir qué documentación se reclama y cuándo comienzan las comparecencias.
Pero el PP considera que antes de aprobar un plan de trabajo hay que resolver una serie de cuestiones que a su juicio no están definidas en la solicitud de creación de la comisión que presentaron en su día el PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos y que aprobó el Pleno del Congreso.
En su escrito el Grupo Popular argumenta que la comisión de investigación "debe centrarse en un objeto concreto, en un supuesto específico, y no en un objeto genérico como contiene su enunciado".
"No se trata de investigar por investigar, a ver si se descubre algo, o de hacer una macro-causa buscando una verdad por una mayoría política, sino de informar al Pleno del Congreso acerca de un asunto específico cometido por el PP durante la legislatura y que puede ser censurado políticamente, ya que las investigaciones prospectivas son ilegítimas, ilegales y antidemocráticas".
Así el PP pide determinar en primer lugar el ámbito temporal de la investigación y ya adelanta que, en su opinión, sólo debería controlarse lo ocurrido en esta legislatura que arrancó en julio de 2016, pues consideras que no cabe pedir responsabilidades políticas a personas que ya no ocupan cargos públicos. Y añade que la "financiación ilegal" que se pretende investigar sólo existe como delito desde 2015.
También exige que los servicios jurídicos indique el ámbito institucional de la investigación, y ahí también opina que lo investigable es la actividad de la sede nacional de Génova, ya que la financiación de sus organizaciones territoriales ya se investiga en parlamentos autonómicos o ayuntamientos.
A su juicio, que el Congreso aborde lo que ya debaten otros "supondría no sólo invadir las competencias ajenas, sino resultar una injerencia sobre las actividades propias de otras instituciones, asumiendo una competencia impropia y que no le corresponde".