El juicio contra el inspector de los Mossos d'Esquadra por lesionar a cinco de los más de 120 indignados que resultaron heridos durante el desalojo de la acampada de los indignados de la Plaza de Catalunya en mayo de 2011 ha quedado visto para sentencia.
Jordi Arasa ha admitido en la última sesión que "golpeó" con su porra en "repetidas" ocasiones aunque no recuerda las caras de éstos, y ha alegado que lo hizo solo en las piernas como fija el protocolo.
Durante su declaración ante el tribunal, Arasa ha explicado que la actitud de los acampados era de "resistencia activa", sentándose en el suelo para impedir la salida de los camiones de limpieza de la plaza, a los que pincharon las ruedas a algunos de ellos, dando empujones o lanzando algunos objetos.
Según el acusado, ante esta situación llamó al jefe del dispositivo en el Cecor, el comisario Joan Carles Molinero, al que aconsejó el uso de la fuerza para dispersar a los manifestantes y asegurar las líneas de seguridad, y que fue éste el que dio la orden de cargar contra los acampados, unas cargas que, dice, duraron unos diez minutos.
Aunque ha admitido que golpeó a varias personas, ha dicho no recordar las caras de éstas ni las de los cinco indignados que resultaron heridos, pese a que estos sí le han reconocido en el juicio, ya que durante todo el desalojo mantuvo la visera de su casco levantada, de manera que pudieron verle el rostro.
Ha negado que golpease a los indignados en partes del cuerpo como cabeza, espalda, hombros o brazos, no obstante, ha explicado que cuando unos manifestantes están sentados en el suelo puede resultar "imposible" hacer un "gesto lateral" con la porra para golpear de cintura para abajo, ya que en esta posición de los concentrados la defensa se saca desde arriba. "A veces la instrucción -el protocolo de actuación- es imposible llevarla a cabo al 100%", ha agregado el acusado, y ha defendido que su actuación y la de sus equipos fueron "correctas".
Antes de esta declaración, el tribunal escuchó el testimonio de las cinco personas que resultaron heridas en el desalojo y las pruebas periciales de la semana pasada.
La Fiscalía pide dos años de prisión
El ministerio público ha elevado a definitivas sus conclusiones iniciales, en las que pide una pena de dos años de prisión por dos delitos de lesiones y tres de faltas para Arasa por "extralimitarse" y hacer un uso "desproporcionado" de la fuerza.
la fiscal considera acreditados los hechos, a raíz de las declaraciones de los lesionados, de los testigos, de los informes forenses y de los vídeos aportados como prueba.
Ha esgrimido que, de acuerdo con la jurisprudencia, la porra es un "instrumento peligroso" susceptible de "causar lesiones de relevancia", algo que conocía el acusado: "Era consciente de los riesgos", ha señalado.
Mientras que el ministerio público solicita una pena reducida -porque aunque reconoce que el inspector usó la fuerza de "forma no proporcionada", le aplica el eximiente de cumplimiento del deber-, los lesionados piden una condena que supera los ocho años de prisión.
Arasa, que es el actual jefe de recursos operativos de los Mossos, ya fue condenado en 2014 a una multa por golpear en ese mismo desalojo al que después sería diputado de la CUP David Fernández, tras un juicio en el que admitió que había pegado "innumerables veces" con su porra a los indignados para defenderse de su "violencia".