"Nuestro objetivo sigue siendo salvar vidas, no salvar semanas". Así de explícita ha expresado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la posición "compartida" del Gobierno central y de las comunidades autónomas en el momento de decidir qué se podrá hacer y qué no en la Semana Santa.

El objetivo es el de que las medidas y restricciones sean "coordinadas" entre todas las regiones, y el plazo que se han dado para alcanzar ese consenso es el de una semana, hasta la próxima reunión del Consejo Interterritorial en la que se "podrá ratificar" la propuesta que en cuestión de horas presentará la Comisión de Salud Pública.

Aunque ya hay comunidades que han expresado su voluntad de permitir las salidas y entradas de su territorio en estas fechas, entre las que se encuentra la Comunidad de Madrid, Darias ha remarcado que hay "mucho consenso". "La palabra que más se ha repetido ha sido la de 'prudencia'", ha indicado tras la reunión con los responsables de salud de las autonomías.

Partidaria de restringir la movilidad y los encuentros sociales

Ocurre que aunque la pandemia evoluciona favorablemente, con un descenso continuado de la incidencia acumulada y de la presión hospitalaria, todavía España no ha logrado situarse en 50 casos por cada 100.000 habitantes —por debajo de 25 ya se consideraría una situación de normalidad— y las UCI todavía tienen una gran ocupación de pacientes COVID-19. En este sentido, Darias ha sido muy clara: "No estamos en condiciones de absorber una nueva ola porque todavía tenemos una mala situación en las UCI".

Por ello, la responsable de Sanidad quiere que se adopten las medidas que sabemos que inciden en la contención del virus. Estas son, principalmente, la de restringir los contactos sociales y limitar la movilidad, "dos vectores que posibilitan a la propagación del virus".

Con un "ojalá la próxima semana seamos capaces de dar una respuesta de país, homogénea y conjunta", la ministra ha expresado su máximo deseo de que haya "entendimiento" y "que el consenso sea una realidad" a la hora de declarar "actuaciones coordinadas, que sería de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas", ha recordado.