El pleno del Congreso aprobó entre aplausos en Septiembre un pacto de Estado histórico contra la violencia de género. Todos a una para acabar con esta lacra y para evitar más muertes, y ahora llega el último paso, cuando las comunidades autónomas y federaciones de provincias darán su apoyo a este pacto.
En total son 213 medidas con un respaldo económico de 1.000 millones en 5 años que tres meses después de aprobarse, aún no se han puesto en marcha.
La socialista Margarita Robles ya reclamó a Rajoy en noviembre que no hubiera empezado a funcionar ninguna de las medidas aprobadas. En algunos casos ocurre porque necesitan una reforma legal, pero hay otros que ni siquiera necesitan dinero, según denuncian las organizaciones feministas.
Reclaman que el pacto de Estado se haga efectivo ya. Se trata de una implicación de todos para evitar más muertes, y es que en 2017, 46 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.
Hay medidas urgentes como los protocolos de detección de víctimas en urgencias o atención primaria, quitar la custodia compartida a los maltratadores, crear unidades de apoyo con atención permanente a las víctimas o reforzar la seguridad con unidades policiales con formación específica en violencia machista.
Para que se hagan efectivas esas medidas, las comunidades autónomas exigen que el dinero les llegue ya para poder actuar. "Aquí hacen falta muchos recursos, y el Gobierno de España debe ponerse las pilas", denuncia Mónica Oltra.