El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, ha presentado este martes el sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler, que supone el primer paso en su intención de permitir el control de precios en las llamadas zonas tensionadas.

Para su elaboración se han cotejado más de 11 millones de arrendamientos y se han agregado datos referidos a rentas, metros cuadrados y superficie en todos los niveles territoriales.

Ábalos se comprometió a elaborarla hace más de un año -cuando se aprobó el 'decreto del alquiler'- y que estuvo a punto de publicarla en marzo, pero se vió obligado a aplazarlo por la pandemia de coronavirus. Una pandemia que ha forzado la irrupción de los pisos dedicados al turístimo en el centro de las grandes ciudades en el mercado del alquiler disparando la oferta.

Identificación de zonas tensionadas

Durante la presentación, Ábalos ha destacado que el índice de precios ayudará "a acertar en la toma de decisiones, y será útil para aplicar políticas fiscales o de otra índole, que incrementen la oferta de vivienda en alquiler y de este modo reducir los precios".

Y es que el índice de precios servirá para que los Ayuntamientos puedan identificar qué zonas pueden estar más tensionadas y poder tomar medidas, pero esto no será antes de final de año.

En Madrid, un barrio tensionado sería Chamberí, donde el precio más habitual por 64 metros cuadrados, es de 1.078 euros, mientras que en Barcelona, lo sería el de Les Corts, donde se pagan 971 euros por 76 metros.

Y mientras que los sindicatos de inquilinos celebran la medida, la Comunidad de Madrid sospecha que es el inicio para poner un tope en el precio del alquiler.

El consejero de Vivienda de la región, David Pérez, ha afirmado en Onda Madrid que ha sido un fracaso en otros países de Europa: "Lo qué ha ocurrido en estos países, es que que la gente ha retirado sus viviendas del alquiler porque ya no les interesaba. Conclusión: se ha reducido la oferta, han aumentado los precios y el fraude".

Fraudes

Un fraude que desde Fotocasa, Anaïs López, alerta de que se está produciendo ya y señala que hay casos en los que el arrendador llega a un acuerdo y sobre el papel ponen un precio y luego el arrendatario pagas el resto del alquiler en 'B'.

Aunque desde el sindicato de inquilinos creen que son los precios abusivos los que generan ese mercado negro. Jaime Palomera, del Sindicato de Inquilinos de Cataluña apunta que la burbuja ha llevado a más de un arrendatario a "realquilar habitaciones de forma ilegal para poder pagar el altísimo alquiler que el arrendador le exige".

En cuanto a las viviendas turísticas que han vuelto al mercado tradicional disparando la oferta durante el confinamiento, López señala que han detectado que o la oferta se ha incrementad un 20%: "En las descripciones de los pisos sí que estamos viendo que muchos dueños ponen que están disponibles por determinados meses".

Se alquilan para un periodo reducido de tiempo, lo que sería irregular si se trata de una vivienda habitual para inquilino. Y desde Sindicato de Inquilinos de Madrid Fernando Barneda, denuncia que se están haciendo un fraude de ley: "Los propietarios están obligando a los inquilinos a que si quieren alquilar esa casa durante esos meses, máximo un año, les están obligando a inventarse un motivo y registrarlo en el contrato".