El Gobierno de coalición ha desbloqueado uno de los principales obstáculos del decreto contra los desahucios que está ultimando: finalmente, este incluirá compensaciones para los propietarios de viviendas afectados, tal y como quería el PSOE.
El texto definitivo, que, salvo sorpresa, irá al Consejo de Ministros el martes, supone que se paralicen durante el estado de alarma los desahucios de familias vulnerables sin una alternativa habitacional digna, pero también compensar con dinero público a los propietarios afectados, también en el caso de grandes tenedores, como bancos y fondos de inversión.
Un aspecto en el que ha tenido que ceder Unidas Podemos para concretar este acuerdo. A cambio, la norma mantendrá la prohibición de desahuciar a las personas vulnerables que ocupen pisos de grandes tenedores de manera ilegal, hasta que los servicios sociales autonómicos les proporcionen una alternativa en un plazo de tres meses.
De este modo, a los inquilinos vulnerables con contrato de alquiler pero que han dejado de pagar no se les podrá desahuciar hasta que tengan una vivienda alternativa y se indemnizará al propietario, ya sea este un pequeño propietario o un banco o fondo de inversión.
Por otra parte, en el caso de personas vulnerables que no tienen contrato y están de manera ilegal en una vivienda perteneciente a un gran tenedor, los servicios sociales deberán proporcionarles otra vivienda en tres meses y se indemnizará a la entidad propietaria del inmueble. En cambio, si están de manera ilegal en pisos de pequeños propietarios sí se les desahuciará.