"Escándalo" o "atentado contra la independencia judicial" es como califican algunos juristas varios puntos del documento de Podemos, en concreto por frases como ésta: "La elección deberá producirse por consenso, bajo la lógica de que los equipos de gobierno estarán necesariamente compuestos por personas capaces, con diferentes sensibilidades políticas, pero comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio".
En ella que el partido explica que para asignar determinados cargos como el del Fiscal General del Estado o los magistrados del Tribunal Constitucional se exigirá al candidato su compromiso con el programa del gobierno del cambio. Esther Seijas, profesora de derecho constitucional, asegura que "es una violación de la separación de poderes".
Esa frase del documento enviado al PSOE también hace referencia a los vocales del consejo General del Poder Judicial o al Fiscal del Tribunal de Cuentas, y obliga, según los críticos, obliga a que el juez, fiscal, o magistrado, a que se signifique ideológicamente.
También hay otro punto polémico, en el que habla de la creación de una Secretaría contra la corrupción. Sería dependiente del vicepresidente, es decir hipotéticamente, Pablo Iglesias, y aquí viene la controversia, sería el encargado de coordinar a policías, jueces y fiscales.
Al hilo de este asunto el Gobierno en funciones también ha aprovechado para recurrir al ya habitual vínculo entre Podemos y totalitarismo. Rafael Catalá, ministro de Justicia en funciones, asegura que "es una manifestación más de cómo algunos tienen una visión totalitaria del Estado". Todavía desconocemos la opinión de los socialistas, los principales destinatarios del controvertido documento.