El dónde se va a celebrar el referéndum catalán es la primera incógnita. Nadie sabrá dónde tendrán que ir a votar hasta el 20 de septiembre porque el Govern no lo desvelará hasta 10 días antes.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante el Consell Nacional del PDeCAT que se celebró ayer en Barcelona

La segunda gran duda es quiénes. Según el Estado, la Generalitat no podría tener un censo propio porque invadiría sus competencias. Por eso la Guardia Civil ha estado custodiando una empresa de Tarragona donde podría estar imprimiéndose junto a otro material del 1 de octubre.

Jordi Turull, durante una rueda de prensa

Pero el decreto firmado por el Govern no detalla el origen del censo y se limita a decir que utilizarán el que se haya cerrado a 30 de marzo de este mismo año y otro de los dilemas es al que se enfrentan los funcionarios, que participarían en la organización de 1-O.

Agentes de la Guardia Civil están registrando un antiguo local del semanario El Vallenc, en Valls (Tarragona)

Desde el sindicato CSIF les dan pautas de cómo deben actuar frente a una orden ilegal el 1 de octubre: que la pidan por escrito a sus superiores como por ejemplo los directores de los colegios si se ven obligados a abrirlos para el referéndum. Recuerdan desde el sindicato que ir contra la ley podría acabar con su carrera profesional.