¿Dónde han ido a parar los 306 millones de euros de las tasas judiciales impuestas por Gallardón en 2012 y que ha anulado ahora el Tribunal Constitucional? El Ministerio de Justicia no lo aclara. Muchos juristas españoles piden que se aclare el asunto y recuerdan que el exministro prometió dedicar lo recaudado a mejorar la asistencia jurídica gratuita.
"El Ministerio de Justicia tiene que dar unos datos transparentes. Tiene que explicar claramente a qué se ha destinado y dónde ha ido a parar el exceso ingresado por tasas judiciales", reclama Ignacio González, portavoz de Jueces para la Democracia.
Sin embargo, esta petición no parece tan sencilla de responder cuando ya en 2014, Rafael Catalá aseguraba que "el ministerio no disponía de información".
Supuestamente, esta medida prometía facilitar el acceso a la justicia a las clases más desfavorecidas, pero a día de hoy, no hay rastro ni de las mejoras ni de los millones abonados. Abigail Fernández, portavoz de Sindicatos Letrados, asegura que las cifras previstas para la justicia gratuita son "muy inferiores, de unos 33 o 34 euros".
El Tribunal Constitucional ha decidido ahora anular las tasas y, aunque las asociaciones judiciales lo consideran un buen comienzo, también creen que se trata de dar "un respiro al Gobierno en funciones y al presupuesto público". Es "una sentencia que lo que hace es no obligar al Gobierno a devolver el dinero", lamentan.
Por ello, piden explicaciones al Gobierno y que derogue esta ley que, a su juicio, pone en peligro la justicia pública de calidad.