Dolores Delgado, exministra de Justicia, es la propuesta del nuevo Gobierno para ser la fiscal general del Estado. La intención del Ejecutivo es aprobar su nombramiento en el Consejo de Ministros que se celebrará este martes 14. La propuesta de Sánchez será sometida a informe del Consejo General del Poder Judicial, al examen del Congreso de los Diputados y tendrá que ser nombrada por el rey.

La exministra sustituirá así a María José Sagarra tras más de un año y medio en el cargo después de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no contara con su presencia en el Gobierno de coalición tras ser nombrada en julio de 2018 como ministra de Justicia.

Hay un precedente de ministro que fue nombrado fiscal general: Javier Moscoso en 1986

Su nombramiento es insólito por ser la primera vez que el Gobierno designa a un exministro de Justicia para dirigir la Fiscalía General del Estado, aunque no es el primer integrante del un ejecutivo que llega después a ostentar este cargo. Javier Moscoso, que fue ministro de la Presidencia en el primer gobierno socialista de Felipe González, fue nombrado fiscal general del Estado en 1986, cuatro años después de entrar en el Ejecutivo, con lo que Delgado se convierte en la segunda en recorrer ese camino.

Ante los ataques de la oposición, que acusan a Sánchez de querer influir en la Fiscalía, desde el Gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo ha recordado que Delgado "es una fiscal de demostrado prestigio y solvencia en la Audiencia Nacional" y ha asegurado que el Ejecutivo "no ha pretendido en ningún momento controlar la Fiscalía".

Asuntos pendientes para la Fiscalía

Tendrá como reto desligarse del Gobierno para actuar con "plena objetividad e independencia" en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público, como marca el Estatuto Orgánica del Ministerio Fiscal. Los pasos que dé la Fiscalía bajo la dirección de Delgado ante el "procés" serán examinados con lupa.

De su labor en el Ministerio se siente especialmente orgullosa de haber instruido el expediente para la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, en la que ejerció como notaria mayor del Reino, pero no estuvo exenta de polémicas.

Se vio marcada pronto por la grabación de un almuerzo que compartió con el excomisario José Villarejo en 2009 y fue también duramente criticada por la oposición parlamentaria por la actuación de su departamento ante el 'procés'. La acusaron primero de no defender correctamente al juez Pablo Llarena ante la demanda que interpuso contra él en Bélgica el expresidente Puigdemont y luego por la posición de la Abogacía del Estado en el juicio en el Supremo, donde acusó a los procesados de sedición y no de rebelión, como defendió la Fiscalía liderada por María José Segarra, amiga de Delgado y a la que sucederá en el cargo.

Sobre la mesa de la Fiscalía del Estado está la situación de Puigdemont y los beneficios penitenciarios de los presos del 'procés'.

El alto tribunal acabó dando la razón a la Abogacía, condenando por sedición a los principales líderes políticos acusados. Bajo la dirección de Segarra, la Fiscalía ha mantenido su criterio independiente de la posición del Ejecutivo. Ahora, Delgado se encontrará sobre la mesa asuntos espinosos como la situación procesal de Puigdemont y el resto de huidos, y la voz de la Fiscalía también será clave en la concesión de beneficios penitenciarios a los presos del "procés".

Sorpresa entre fiscales

La propuesta de su nombramiento ha suscitado opiniones discrepantes entre las principales asociaciones de fiscales. La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha manifestado que está "sorprendida y disgustada pues parece que el presidente del Gobierno quiere llevar a cabo eso que dijo de que la Fiscalía depende del Gobierno".

Dexeus ha añadido que el nombramiento como fiscal general de Dolores Delgado, "que ha sido parte del Gobierno y ha ido en un destacado puesto en la lista electoral de un partido político, es una declaración de intenciones por parte del poder político para meter las zarpas" en la Fiscalía.

Las asociaciones de fiscales reciben con sorpresa, por un lado, y confianza, por otro, el nombramiento de Delgado.

Por su parte, la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Teresa Peramato, ha dicho: "Confío y deseo que haga un buen papel y que luchará por derechos pendientes que son una reivindicación histórica".

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) —la segunda más representativa entre los jueces y magistrados españoles— ha calificado hoy de "insólito y lesivo" el nombramiento de Dolores Delgado no por sus méritos profesionales, sino "por su procedencia, ya que acaba cesar como ministra de Justicia", algo que para esta asociación representa "un mal comienzo del nuevo Gobierno en esta materia".

El portavoz nacional de AJFV, Jorge Fernández Vaquero, explica que esta decisión "es insólita para uno de los principios constitucionales del Ministerio Fiscal, como es su imparcialidad", ya que pasar "sin solución de continuidad" de la cartera de Justicia a la Fiscalía General del Estado "destruye toda apariencia de imparcialidad" en las decisiones futuras de este órgano e incluso "de forma indirecta merma la credibilidad de la gran labor profesional y esforzada que realizan a diario los miembros del Ministerio Fiscal en tantos tribunales y juzgados".

Críticas de la oposición

La oposición ha criticado duramente la elección. El líder del PP, Pablo Casado cree que Pedro Sánchez pierde "definitivamente las formas y el pudor" porque "ataca la separación de poderes y el Estado de derecho". Ha calificado este posible nombramiento como "uno de los más equivocados de los últimos días" tras el de todos los miembros del Gobierno.

Se ha referido a Delgado como la "ministra número 23" de este Ejecutivo, ya que está convencido de que va a estar al servicio de los intereses del partido, y ha cuestionado qué hubiesen dicho del PP si hubiese nombrado al exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, como fiscal. Además, ha constatado que el PP no comparte lo dicho por Sánchez en una entrevista de que "según él, la Fiscalía del Estado depende del Gobierno".

Casado cree que Sánchez ha perdido "el pudor" y se refiere a Delgado como la "ministra 23" del Ejecutivo.

También ha criticado la decisión el diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto: "No satisfecho con retorcer el brazo de la abogacía del estado, Sánchez se apodera de la independencia de la fiscalía del estado nombrando fiscal general a Dolores Delgado, su ex-ministra de justicia!!! Todo un escándalo: se inicia la 'venezuelización' de España".

El líder de Vox, Santiago Abascal, por su parte, cree que es una "prueba más" del "golpe institucional" del recién investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que el PSOE "se apodere del Estado". "No tienen pudor", ha criticado en su cuenta personal de Twitter y ha añadido que los socialistas quieren "no tener frenos ni contrapoderes institucionales".