Poco después de que se diesen a conocer las intenciones del Gobierno de modificar la ley del 'solo sí es sí' -en un momento en el que más de 270 condenados por delitos sexuales se han beneficiado por el nuevo marco de penas que recoge la norma, entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores-, el Ministerio de Igualdad ha movido ficha: la cartera dirigida por Irene Montero ha propuesto un Plan de Medidas Urgente con el objetivo de "facilitar la correcta aplicación de la ley del 'solo sí es sí', compartiendo la preocupación social por las decisiones judiciales de bajada de penas".

Así han argumentado la decisión desde el Ministerio: "Como afirman todos los expertos, y ha constatado el propio Gobierno de coalición, no existe ninguna reforma penal de la ley que pueda frenar las revisiones, ya que son consecuencia de la incorrecta aplicación del derecho transitorio y de la propia ley. Una de las soluciones posibles es poner en marcha de manera urgente un Plan de medidas para la especialización judicial, la formación en violencias sexuales y el incremento de efectivos para la protección de las mujeres". Recuerdan en Igualdad que "esto mismo ya se hizo para la aplicación de la ley 1/2004".

"Es imprescindible frenar cualquier intento de la derecha para volver al modelo anterior, basado en la violencia y la intimidación, y que exigía a las mujeres pasar por un calvario probatorio para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas", ha sostenido la cartera de Montero, que ha pasado a detallar los diez puntos que componen ese plan de medidas urgentes:

  • 1) Doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual.
  • 2) Refuerzo de la Fiscalía De violencia sobre la mujer y ampliación de sus competencias a las violencias sexuales.
  • 3) Garantizar la asistencia jurídica gratuita a las victimas.
  • 4) Inclusión de las víctimas de violencia sexual en el Servicio de ATENPRO desde 2023 e incremento del número de dispositivos.
  • 5) Refuerzo de las unidades de valoración forense integral.
  • 6) Formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de Justicia e Interior, así como Educación y Sanidad.
  • 7) Implementación de las ayudas a víctimas de violencias sexuales
  • 8) Creación del servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el Sistema Nacional de Salud para la completa recuperación de las víctimas a largo plazo.
  • 9) Incremento del número de agentes que el Ministerio del Interior dedicado de forma exclusiva a la protección de las mujeres que sufren violencia, ampliando las competencias de las unidades especializadas a los delitos contra la libertad sexual.
  • 10) Implementación de puntos violeta en todas las dependencias e instalaciones públicas que refuercen los servicios de atención e información a todas las víctimas.

Unas propuestas que ya han tenido respuesta de la otra parte del Gobierno: rechazo. Así lo ha trasmitido la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, confirmando no obstante "retoques" centrados exclusivamente en la interpretación jurídica de la norma: "Cualquier recurso adicional es bienvenido, pero en este caso de lo que estamos hablando es de que en la aplicación se ha producido una interpretación distinta de las penas que estaba permitiendo en algunos casos su revisión a la baja", ha puntualizado Rodríguez en una entrevista en RNE.

Ha subrayado así que "lo problemático no ha estado tanto en los recursos sino en la interpretación que se ha hecho del régimen transitorio" en los pronunciamientos judiciales. "Es ahí donde está la raíz del problema, no en ningún otro asunto de la norma", ha recalcado la ministra, que ha defendido la ley del solo sí es sí como una "buena ley". De forma más indignada se expresaba el ministro de Presidencia, Féliz Bolaños, dejando claro que "el consentimiento se va a mantener, de lo que se trata es de subir las penas mínimas. Y asegurando que "este asunto esta teniendo un impacto en el electorado mayor que la reforma de malversación". Cabe destacar, en esta línea, que el Ministerio de Justicia ya trabaja en la reforma de la ley "desde el punto de vista técnico y de manera rigurosa", pero asegura que no cuenta aún con ninguna propuesta definitiva ni borrador. Horas antes de que este planteamiento viera la luz, la polémica volvió a recorrer los pilares del Gobierno de coalición.

Desde Podemos afirmaron que el PSOE tiene presiones para volver al modelo anterior y que el consentimiento deje de ser el centro del Código Penal. En concreto, apuntaban a que la propuesta del Ministerio de Justicia pasaba por recuperar las penas del anterior Código Penal como fórmula para frenar la revisión de penas a la baja en los casos más graves. Algo que, de momento, han negado en esta cartera, tal y como ha podido saber laSexta. Así, desde Justicia aseguran que hay conversaciones para modificar la ley del solo sí es sí, pero niegan que haya ya un borrador para modificar las horquillas de penas de delitos sexuales. Y precisan: se está hablando, pero no hay todavía documentos sobre los que se esté trabajando.