Pepita es una de las 355.000 personas que se encuentran en el limbo de la dependencia. Sufre demencia senil y problemas motores y aunque tiene reconocido el grado 2, sigue esperando la ayuda que le corresponde.
La ley de dependencia cumple diez años con numerosas carencias. En los últimos cuatro años, 125.000 personas han muerto sin llegar a recibir las prestaciones que tenían reconocidas. El marido de Amparo nunca cobró ni un euro.
En estos años tampoco se han satisfecho las necesidades los cuidadores no profesionales. En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió la cotización a la seguridad social de estos familiares que dejan sus profesiones para cuidar de sus enfermos. Aurelia es una de ellos: "Si yo a esos 442 euros que son para atender a mi hijo quito 200 de mi cotización a la Seguridad Social le estoy quitando a mi hijo la mitad de su prestación".
Aunque la ley exige un reparto equitativo de la financiación, lo cierto es que son las autonomías las que están asumiendo el 82% del gasto de la dependencia, mientras que el Estado sólo aporta el 18%.
El presupuesto destinado a dependencia ha ido cayendo en picado desde 2011, el mayor hachazo lo pegó el Ejecutivo de Rajoy en el año 2013, con un recorte de 236 millones de euros en la financiación.
Las plataformas en defensa de la Ley de Dependencia denuncian la falta de implicación del Gobierno y piden un pacto de Estado para defender los derechos de los dependientes.