El Partido Popular ha presentado una denuncia en los juzgados de Madrid contra el secretario de Estado de Seguridad y número dos de Interior, Rafael Pérez, y contra la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por un presunto delito de prevaricación en la destitución del excoronel Diego Pérez de los Cobos.

El cese, que fue revocado por la Justicia, ha sido aprovechado por los populares para arremeter contra el Ejecutivo socialista. Piden que se investiguen a ambas personalidades: a Rafael Pérez por dictar la orden "de manera manifiestamente arbitraria, ilegal e injusta, enmascarando la misma bajo la apariencia de un mero acto discrecional" y persiguiendo "burlar cualquier control técnico o jurídico sobre el mismo"; y a María Gámez, por proponerlo, tal y como recoge EFE, quien ha tenido acceso al documento original.

El Ministerio de Interior decidió cesar de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil a Pérez de los Cobos por su negativa a informar sobre el desarrollo de la investigación relativa a la huelga feminista del 8M del año 2020, con la incidencia del coronavirus en pleno ascenso. El Gobierno solicitó una información que no recibió puesto que en las órdenes, dictadas por una jueza, existía deber de reserva.

La Audiencia Nacional anuló la destitución (que, según el Ejecutivo, se produjo por "pérdida de confianza") el pasado 31 de marzo porque el motivo aportado "no fue real" y la decisión era "ilegal". Interior anunció que recurriría la decisión.

El PP considera que la revocación de la destitución por la vía contencioso-administrativa "puede anticipar o prever los elementos suficientes para iniciar la acción penal contra las autoridades que participaron en la consumación del acto administrativo ahora anulado".

Vox ya sentó precedente

El partido de Santiago Abascal ya presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra Fernando Grande-Marlaska, Rafael Pérez y María Gámez por obstrucción a la Justicia, represalias y prevaricación por la destitución de Diego Pérez de los Cobos y la posterior dimisión del Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil Laurentino Ceña.

En el texto se ponía en relieve que existían pruebas de que el cese del Coronel de la Guardia Civil fue "inmotivado y arbitrario" y tuvo relación directa con "la petición de realización de una actividad abiertamente ilegal". Desde el partido valoraron que el verdadero motivo de la pérdida de confianza fue "no avenirse a acometer un acto manifiestamente ilegal solicitada desde las más altas instancias del Ministerio".