La Delegación del Gobierno en Castilla y León, a través de sus nueve subdelegaciones, ha notificado mediante las correspondientes resoluciones la prohibición de que se celebren las manifestaciones previstas para el día 23 de mayo en las capitales de provincia de la Comunidad Autónoma, comunicadas en nombre de la formación política Vox.
Las resoluciones se basan en los informes desfavorables recabados a la vista de las comunicaciones, entre los que destaca el de los Servicios Territoriales de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en el sentido de que la manifestación puede suponer un riesgo para la integridad física tanto de los participantes en las mismas como de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, al existir una acumulación de personas, señala la Delegación a través de un comunicado.
"En tanto se mantenga el estado de alarma en las condiciones actuales y con independencia de las medidas propuestas en las comunicaciones, la celebración de las manifestaciones podría suponer un peligro para la salud pública al ser una posible fuente de propagación del virus", señala el informe.
En las resoluciones se recuerda que, si bien el derecho de reunión es un derecho fundamental, reconocido por el artículo 21 de la Constitución Española y desarrollado por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, el artículo 10 de esta última otorga la competencia para limitar o prohibir la reunión o manifestación a la autoridad gubernativa, "ante la existencia de razones fundadas que puedan producir alteraciones de orden público con peligro para personas y bienes".
Así pues, el derecho no tiene carácter absoluto, sino "unos límites determinados por el derecho de los demás ciudadanos a ser respetados en sus derechos e intereses, lo que hace entrar en juego la potestad y el deber del poder público de garantizar la seguridad, y el orden general", algo que rubrica el artículo 11.2 del Convenio Europeo de derechos humanos y libertades públicas, que posibilita restricciones o limitaciones motivadas, entre otras, en razones de salud pública.
Informes policiales
Al criterio sanitario se unen, además, diversos informes policiales en los que, teniendo en cuenta los itinerarios previstos en las comunicaciones, se recuerda que las capitales de Castilla y León continúan en la fase 0 del plan para la transición hacia una nueva normalidad, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de abril de 2020, por lo que no son de aplicación las medidas de flexibilización de carácter social recogidas en la Orden SND/386/2020.
En este sentido, los convocantes dejan la convocatoria "abierta a todos los ciudadanos", por lo que "puede producirse una gran afluencia de personas que impida el distanciamiento social apropiado para evitar la transmisión de la enfermedad", como señala, por ejemplo, el informe de la Policía Nacional de Valladolid, que considera que "se podría poner en riesgo la salud de los participantes así como de los funcionarios policiales, desplegados como garantes del desarrollo del acto, así como personas que se hallaran por las inmediaciones dentro de los puntos previstos por la normativa vigente referida al Estado de Alarma".
Abascal, crítico con esta decisión
La decisión de la Delegación del Gobierno en Castilla y León ha provocado críticas del presidente de este partido, Santiago Abascal, quien además ha acusado al PP de esta Comunidad de "colaborar con la censura del gobierno socialcomunista".
En este sentido, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado varios tuits sobre la prohibición de llevar a cabo estas manifestaciones y ha acusado al "PP de Castilla y León, a través de su consejería de Sanidad, de colaborar en la censura que impone el gobierno social comunista para acallar las protestas: ¿Qué riesgo de propagación puede existir en una caravana de coches?".
Sin embargo, la Consejería de Sanidad en esta Comunidad Autónoma está dirigida por Ciudadanos y no por el PP dentro del acuerdo de gobierno existente entre las dos formaciones.