“Esto es una tomadura de pelo, están retrasando los nombramientos con la excusa de que no tienen candidatos”. Entre los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no esconden ya su malestar por las dilaciones que el sector conservador está llevando a cabo en las últimas semanas para posponer el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que, según el plazo legal establecido por el Congreso, debería haberse adoptado antes del pasado 13 de septiembre.
Ese malestar llevó a los vocales Roser Bach, Álvaro Cuesta y Rafael Mozo a difundir este miércoles un comunicado inédito en el que se desvinculan de las maniobras de sus compañeros. “No nos hacemos responsables de la dilación que se está produciendo en la designación de los magistrados para el Tribunal Constitucional”, señalan.
El comunicado, segundo de una serie que se completa con las réplicas del sector conservador, se distribuyó después del tercer encuentro fallido entre las dos facciones desde que el presidente del órgano y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, aprovechara la Apertura del Año Judicial para amenazar con dimitir si en un plazo de “semanas y no meses” no se lograba un acuerdo para consensuar los nombramientos en el TC que se hiciera extensivo a la renovación del propio CGPJ.
Las dilaciones en el TC, que reproducen las que el Partido Popular (PP) lleva practicando desde 2018 en el CGPJ, tienen como resultado que los dos órganos constitucionales responden a la mayoría que Mariano Rajoy obtuvo en 2011 y no a la que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018. El órgano de gobierno de los jueces tendría que haber sido renovado en diciembre de 2018 y el Tribunal Constitucional lleva desde el pasado 13 de junio con un tercio de sus miembros -incluidos el presidente y el vicepresidente- con el mandato caducado.
Lesmes, al borde de la dimisión
El acuerdo sigue sin llegar y a Lesmes se le acaba el tiempo. El presidente del CGPJ convocó el 8 de septiembre un Pleno que tenía un único punto en el orden del día “el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional”. Las designaciones no se produjeron y la reunión únicamente sirvió para que conservadores y progresistas (once frente a siete, a los que hay que añadir un vocal del PNV) se comprometieran a nombrar a los magistrados del TC “por consenso”, aunque lo hicieran fuera del plazo establecido por la ley.
El sector conservador, que aduce que no existe “urgencia” para realizar estas designaciones, tardó varios días en elegir a sus interlocutores en la negociación, que se retomó el 16 de septiembre con una videoconferencia a través de la plataforma Teams en la que los portavoces de este grupo se limitaron a garantizar que los nombramientos se realizarían “por una amplia mayoría” y tras “una minuciosa evaluación de los currículos” de los aspirantes.
En la tercera reunión, celebrada este miércoles, los progresistas pusieron sobre la mesa nueve posibles candidatos, entre ellos uno conservador, pero volvieron a toparse con la negativa del sector mayoritario, que les trasladó que no dispone de ningún candidato para ocupar plaza en el Tribunal Constitucional. “Hemos transmitido que no hemos recibido en el seno del grupo ninguna candidatura ni oficial ni oficiosa, más allá de un mero contacto breve, informal e inicial mantenido por una sola persona con algún vocal a título individual”, resumieron los vocales Carmen Llombart y José Antonio Ballestero en un nuevo comunicado.
Las razones cambiantes del PP para no renovar el CGPJ
La estrategia dilatoria del sector conservador coincide con la que el PP lleva desplegando desde la moción de censura a Rajoy para impedir la renovación del órgano de gobierno de los jueces, responsable de los nombramientos en la cúpula de la judicatura. En noviembre de 2018 populares y socialistas alcanzaron un acuerdo para que el Pleno tuviera una mayoría progresista a cambio de que la presidencia la ocupara el conservador Manuel Marchena. Sin embargo, el compromiso saltó por los aires cuando el presidente del tribunal del juicio del procés presentó su renuncia después de que se filtrara un whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se jactaba de que, de esta manera, su partido controlaría la Sala Segunda del Supremo “desde detrás”.
La renovación se metió en un cajón por la repetición de las elecciones en 2019, a la que sucedió en marzo de 2020 la pandemia de coronavirus y el confinamiento. En el verano de 2020 los partidos volvieron a acercar posturas, pero el PP se negó a llegar a un acuerdo si en el reparto participaba también Unidas Podemos y si entre los vocales del sector progresista se encontraban el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, ponente de la sentencia de la Gürtel con la que se inició la moción de censura de Rajoy, y la magistrada Victoria Rosell, candidata en las listas de la coalición.
En septiembre de 2021, el entonces líder del PP, Pablo Casado, puso como condición para llevar a cabo la renovación que antes se modificara la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) a fin de que sean los jueces y no el Parlamento quienes realicen la elección de los vocales del CGPJ, tal y como defienden la Comisión Europea y las cuatro asociaciones de la carrera judicial. Desde esa fecha el Gobierno exige la renovación sin condiciones para abrir después un diálogo sobre el modelo de elección, pero el PP se niega.
La llegada a la Presidencia del PP de Alberto Núñez Feijóo, en abril de 2022, tampoco ha permitido desbloquear la situación a pesar de sus continuos llamamientos a “la despolitización de la justicia”. Los populares exigen, entre otras condiciones, que el Gobierno retire lo que denomina “la contrarreforma judicial”, en referencia a la modificación legal que el Congreso aprobó en marzo de 2021 para impedir que el CGPJ en funciones pueda realizar nombramientos y que modificó en junio pasado para exceptuar las designaciones para el Tribunal Constitucional.
Esas dos reformas, tal y como lleva meses denunciando el propio Lesmes, no sólo no han logrado modificar la posición de los populares, sino que están llevando al colapso, por falta de efectivos, al Tribunal Supremo y los principales órganos judiciales del país.