La decisión de eliminar la mascarilla al aire libre está sobre la mesa. Este martes, la Comisión de Salud Pública, previa al Consejo Interterritorial, donde coinciden Gobierno y comunidades en la toma de decisiones sobre el coronavirus, tiene entre sus puntos esta flexibilización, mientras algunas regiones piden su ejecución cuanto antes.
Quedan literalmente 15 días para que llegue el mes de julio. Es decir, justo el margen de tiempo que habían dado algunas comunidades, como Murcia, Galicia, Castilla-La Mancha y Madrid para prescindir de esta protección en espacios públicos. No obstante, Sanidad, a pesar de haberse mostrado a favor de la idea —el director del CCAES, Fernando Simón, aseguró este mismo lunes que "será pronto"—, incide en que no se puede vaticinar un día como tal.
"La fecha concreta no la podemos avanzar de ninguna manera", razonaba Simón en la rueda de prensa posterior al análisis de la situación epidemiológica. Aun así, de acuerdo con el cronograma del propio Ejecutivo, si el resto de regiones se hace eco de esta demanda, la decisión podría ser tomada o bien en la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Salud (que se celebra este miércoles), o en la siguiente, el 30 de junio.
Varias CCAA emplazan a que sea cuanto antes
Galicia fue la primera región en abrir la lata sobre esta cuestión. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya advirtió el pasado mes de mayo que la intención es que su comunidad levantara esta medida en julio o agosto. Y es algo que sigue manteniendo a día de hoy, ya que hace apenas una semana, el pasado 9 de junio, recalcó que el comité clínico de la Xunta comenzará a estudiar ya un protocolo que elimine su uso al aire libre por municipios.
Ahora bien, una de las más directas en su demanda fue Castilla-La Mancha, donde el socialista Emiliano García-Page demandó retirarla en julio, "con la coherencia nacional que le caracteriza". Es decir, está a favor de que se elimine la obligatoriedad, pero para ello es necesario un criterio común. Exactamente lo mismo que han pedido desde Murcia, donde el presidente López Miras critica la posibilidad de que en unos sitios esté impuesta y en otros no. "No tendría ningún sentido", expresaba el pasado 1 de junio.
También Madrid, a través de su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, deslizó que "es una de las primeras medidas" que barajan para hacer frente a la desescalada, y entendía como una fecha razonable "a finales de junio".
Críticas a que no sea una decisión unánime
Si bien desde Murcia el presidente López Miras tildaba de "sinsentido" la falta de un criterio común ante esta decisión, este martes Ruiz Escudero ha ido más allá. El consejero madrileño critica que esta decisión vaya a ser sometida a votación en la Comisión de Salud Pública, debido a que considera que es algo que depende, en su mayoría, de las CCAA (aunque estas también tienen representación en la citada comisión).
"Debe ser una decisión de carácter nacional, puesto que la incidencia acumulada están en cifras muy parecidas en todas las Comunidades Autónomas. Tendría mucho sentido responder como el Sistema Nacional de Salud que somos", ha expresado el dirigente durante un acto en el Hospital 12 de Octubre de Madrid este viernes.
Así, ha condicionado cualquier decisión en este sentido a la situación epidemiológica en la Comunidad, y añade: "No tiene sentido que decisiones que son de carácter técnico o científico se tomen por votación; se tendrán que tomar por consenso de los expertos en la materia y no por el peso político que tengan las comunidades autónomas como ha ocurrido hasta ahora".
Con múltiples matices, pero este criterio común es algo que han sostenido otros tantos territorios. La Comunidad Valenciana, Cantabria y Extremadura se han sumado a esta filosofía de "todas a una", mientras que otras regiones, como Asturias, Baleares piden cautela. En cambio, Euskadi y Andalucía son muchos más restrictivas, y hasta ahora han considerado que puede ser una decisión "prematura".
Por su parte, desde Navarra, la presidenta María Chivite ha insistido este martes que podría levantar esta medida para el mes de julio: "Son temas que tienen que ir coordinados, y se va a elaborar un informe de la comisión técnica antes de la Interterritorial", ha advertido.
En cualquier caso, de aprobarse tanto en el seno de la Comisión de Salud Pública como en el Consejo Interterritorial de Salud, se trata de un cambio legal que, en última instancia, depende también del Gobierno. Al fin y al cabo, la modificación se haría sobre la Ley 2/21, del 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria. Así, habría que modificar el punto en el que se explicita que todos los ciudadanos con más de 6 años deben llevarla.