A diferencia de sus antecesores del Partido Popular en el Ministerio de Defensa, Cospedal promete a las familias buscar los contratos del Yak-42 que nunca aparecieron. "Es una obligación del Gobierno español encontrar esos contratos", afirma Curra Ripollés, hermana de una víctima del accidente.

Las víctimas creen que esos documentos ayudarían a desenredar la maraña de subcontrataciones que precedieron al fatídico accidente. Porque el Ministerio de defensa le pagó casi 150.000 euros a la agencia NAMSA de la OTAN para contratar el vuelo y luego ésta abrió con Chapman Freborn una cadena de seis subcontrataciones que acabó con una empresa ucraniana fletando el Yakolev por sólo 38.000 euros.

Acusaciones que la ministra de Defensa anima a denunciar: "No entiendo que alguien tenga acceso a esa información y no la denuncie".


Para el que fuera fiscal general del Estado con el presidente Zapatero la etapa jurídica del caso está definitivamente cerrada."Desde el punto de vista penal las responsabilidades están zanjadas", afirma Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado.

Las familias siguen esperanzadas en lo contrario. En que con esos contratos en la mano, un juez se atreva a dar el paso que hasta ahora no se ha dado.