Poco más de 48 horas después de ser aprobada, la resolución independentista ya está anulada. El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno y suspende por unanimidad la moción del Parlament que iniciaba el proceso de independencia. Y no se queda ahí, porque también acepta notificar y apercibir a los responsables políticos, tal y como pedía el ejecutivo.

La Abogada General del Estado que ha presentado el recurso explicaba que  se "piden notificaciones personales bajo apercibimiento de delito de desobediencia". El Constitucional notificará su decisión por tanto a Artur Mas y su gobierno en funciones y a Carme Forcadell y la mesa del Parlament. Y les advertirá de que en caso de no acatar la decisión podrían ser suspendidos de sus funciones por incurrir en un delito de desobediencia.

De si van a desobedecer o no están ya pendientes las fuerzas de seguridad. La fiscalía ya le ha pedido expresamente a los Mossos d’Esquadra comunicar cualquier acto contrario a la sentencia del Constitucional que pudieran llevar a cabo autoridades o funcionarios. Ya que podrían constituir delitos de sedición, prevaricación o desobediencia.

El secretario general del sindicato de Mossos, Toni Castelló, asegura que ellos cumplen "órdenes, si lo manda un juez detenemos a Artur Mas o a mariano Rajoy". Los sindicatos policiales se declaran neutrales ante un problema que consideran político, y piden que nadie intente instrumentalizar su trabajo.

En su escrito, la Fiscalía enumera un catálogo de delitos relacionados con la hipotética desobediencia que, dependiendo de la gravedad, incluyen penas que oscilan entre la sanción económica y los 15 años de cárcel.