El próximo martes, 9 de junio, el Consejo de Ministros aprobará un real decreto con medidas de prevención y coordinación adaptadas a la nueva normalidad tras la fase 3 del plan de desescalada.
Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno en la sesión de control, en la que también ha recordado que la sexta prórroga del estado de alarma, que se va a aprobar hoy, será la última ampliación y finalizará el 21 de junio.
Este real decreto aglutinará medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia de coronavirus hasta que esté disponible la vacuna. Esta nueva norma, que entrará en vigor cuando finalice el estado de alarma, corresponde a uno de los compromisos adquiridos con Ciudadanosa cambio de su voto a la última ampliación.
Las medidas que se aplicarán en el ámbito de la prevención y la contención serán coordinadas con las Comunidades Autónomas y se llevarán ante el Consejo Interterritorial de Salud. Entre ellas, se encuentra la de mantener la obligación de llevar las mascarillas.
Pedro Sánchez también ha insistido en que esta última prórroga contemplará medidas más flexibles en lo referido a la gestión de las autonomías. Y es que, como ya adelantó el pasado domingo, en las Comunidades Autónomas que se encuentren en la fase 3 serán los presidentes regionales los que gestionen la última etapa de la desescalada y el proceso hacia la nueva normalidad.
Precisamente, este decreto regulará también la gestión de las autonomías en la fase 3, en caso de que soliciten este cambio antes del 21 de junio.
El Ejecutivo preparaba un decreto antes de recabar los apoyos a la última prórroga
Ante la posibilidad de no lograr los apoyos suficientes para sacar adelante la última prórroga del estado de alarma, el Gobierno comenzó a preparar un decreto ley para ordenar el final de la desescalada con las medidas "mínimas posibles" hasta la nueva normalidad.
La intención de esta norma era ordenar la legislación que está vigente por medio de las órdenes ministeriales que se han ido aprobando y ponerla con un "paraguas de decreto ley" para dejar las medidas "mínimas posibles" que puedan regular la reacción y la respuesta sanitaria hasta el final de la desescalada.
Junto a ese decreto ley, el Gobierno también tenía intención de plantear "en legislación de urgencia" alguna reforma de la legislación estatal básica "para poder responder a algún rebrote".