El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha recibido la propuesta aprobada por el Parlamento de Cataluña en la que solicita ladelegación de la competencia para convocar referendos,según han informado fuentes de la Presidencia de la Cámara.

Nada más aprobarse la iniciativa, la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, envió el texto al Congreso en dos versiones redactadas en catalán y castellano, junto a una carta de presentación dirigida a Posada.

En el escrito, la presidenta del Parlamento de Cataluña comunica a su homólogo del Congreso que "en una próxima sesión plenaria" se elegirá a los diputados que, en nombre del Parlament, tendrán que defender la proposición no de ley en el Congreso de los Diputados. No obstante, y dado que las iniciativas legislativas de los Parlamentos autonómicos sólo se elevan al pleno del Congreso en la primera sesión de cada mes y ya hay iniciativas pendientes, la propuesta catalana no llegaría al pleno hasta septiembre.

Para evitar ese retraso, las tres formaciones del Congreso que apoyan la consulta, CiU, ICV y ERC, presentarán la semana que viene una proposición de ley en los mismos términos que la propuesta del Parlamento de Cataluña, iniciativa que, según los plazos previstos, podría votarse en el pleno a finales del mes de marzo, o principios de abril.

Según el artículo 126 del Reglamento del Congreso, esa proposición de ley deberá pasar primero el filtro de la Mesa de la Cámara que, de no poner objeciones, la remitirá al Gobierno para que se pronuncie sobre la misma.

El Ejecutivo tiene treinta días para mostrar su conformidad o no con la proposición, en el caso de que ésta implique "aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios".

Transcurridos treinta días sin que el Gobierno se haya opuesto expresamente a su tramitación, la proposición quedará en condiciones de elevarse al pleno lo que, según el cupo de iniciativas del que dispone CiU, se producirá a finales de marzo, o principios de abril.

Todo parece indicar que la consulta independentista será rechazada por cerca de un 90%  del Congreso: los 185 diputados del PP, los 110 del PSOE, a expensas de lo que puedan hacer los diputados del PSC, y los cinco de UPyD, a los que habría que sumar los diputados no nacionalistas del Grupo Mixto.

En el improbable caso de que el pleno de la Cámara diera luz verde a su toma en consideración, la proposición de ley continuaría con normalidad su tramitación parlamentaria y podría estar definitivamente aprobada antes de la fecha señalada para el referendo soberanista, el próximo 9 de noviembre.