El Congreso rechaza la petición de Ábalos para recuperar sus derechos como diputado

La Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido este jueves denegar la solicitud del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, para que se le restituyan sus derechos y deberes como diputado. El órgano presidido por Francina Armengol argumenta que "se mantienen las circunstancias necesarias para la aplicación del artículo 21.1.2ª del Reglamento del Congreso, al haber sido concedida la autorización del suplicatorio, al ser firme el auto de procedimiento abreviado y al haber sido decretada prisión provisional el 27 de noviembre de 2025, sin que esta haya sido levantada".

De esta forma, y desde el pasado 10 de diciembre de 2025, Ábalos no cobra su sueldo como diputado ni tiene derecho a participar ni votar en los plenos ni en ninguna de las comisiones de la Cámara Baja pese a que sigue manteniendo su acta. De igual forma, tampoco puede acogerse a ninguno de los beneficios de los que disponen los otros 349 parlamentarios.

Hace un mes, y por primera vez en la historia de la democracia, la Mesa del Congreso adoptó por unanimidad la decisión de retirar a un diputado sus derechos como parlamentario por estar en prisión provisional en el marco de un caso de corrupción.

Fuentes de la Cámara Baja aseguran a laSexta que esta medida se mantendrá en vigor mientras Ábalos siga en prisión, y que solo se le restituirá su condición de pleno derecho si el Tribunal Supremo decide su puesta en libertad.

Ábalos habla de una medida "precipitada"

En un escrito emitido por Ábalos a la Mesa del Congreso el 31 de diciembre que fue compartido en sus propias redes sociales, el exministro de Transportes expuso que las consecuencias de la decisión suponen "la pérdida del derecho a la asignación económica" y de "toda ayuda o indemnización por gastos" derivados de sus funciones, lo que le deja "sin los ingresos procedentes del Congreso" y de sus cotizaciones a la Seguridad Social y las mutualidades.

Además, denunciaba que la "gravedad fundamental" del acuerdo de la Mesa del Congreso residía en la "pérdida" de su voto e incidía en la "alteración del número de diputados del Congreso" que, con su suspensión, pasa de 350 a 349. De ahí que pidiera al órgano rector que dirige Francina Armengol reconsiderase su decisión, adoptada a su juicio con "precipitación y premura", y le restituyera sus derechos y deberes.

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